Con relación al discurso presidencial del 28 de Julio 2021, por el Bicentenario, fuimos entrevistados por Leo Aguayo de Noticia IRelevante, en torno a las principales propuestas en materia de infraestructura, generación de empleo, ciencia y tecnología.
La entrevista se encuentra disponible en las redes sociales de Noticia IRelevante: https://twitter.com/noticia_iR/status/1421668213805490177?s=20
Todos los análisis se encuentran disponibles en el link: https://www.up.edu.pe/egp/noticias-interna.aspx?permalink=bicentenario-peru-desafios-oportunidades-escuela-gestion-publica
El texto de nuestro aporte es el siguiente:
¿Cuál es el desafío más importante que enfrenta el sector de infraestructura en el país?
Autora: Karla Gaviño
La gestión sigue siendo el principal desafío que enfrenta la infraestructura pública peruana, lo que se materializa en las dificultades de coordinación entre los distintos actores que participan en su desarrollo, incluyendo las complicaciones para aplicar de forma articulada los procesos de los distintos sistemas del Estado que confluyen a lo largo de sus distintas fases o etapas.
A lo expuesto, se suma la inadecuada identificación de los proyectos a desarrollar, la baja calidad de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos, las dificultades en el diseño y ejecución de contratos, la ausencia de un adecuado saneamiento físico legal de los terrenos a lo largo del país, junto con la necesidad de fortalecer el seguimiento y el acompañamiento de los principales proyectos de infraestructura e inversiones públicas. Resulta aconsejable, por ejemplo:
Implementar mecanismos de seguimiento y acompañamiento potentes y empoderados al más alto nivel, sobre todo para los proyectos prioritarios de mayor impacto.
Estos esfuerzos requerirán adicionalmente del fomento de la participación privada en la infraestructura pública, de seguridad jurídica, y de un adecuado clima político que permita la continuidad de las decisiones y procesos a implementar
Un tema recurrente en la inversión pública, es la dificultad de culminar su ejecución en los tiempos previstos. No resulta extraño escuchar noticias sobre obras que presentan demoras en su ejecución, o que se encuentran paralizadas, extendiéndose largamente más allá de los cronogramas previstos y de las fechas anunciadas. A manera de correlato, cada día son más las autoridades que celebran firmas de contratos para ejecutar una obra, en vez de inauguraciones y puestas en funcionamiento.
¿Cuál es el impacto de las obras de infraestructura pública inconclusas en la gente?, a continuación responderemos esta pregunta, partiendo de los últimos pronunciamientos de la Contraloría General de la República.
Dicha Entidad, ha señalado recientemente que hasta junio del 2021, se registran como paralizadas 3 055 obras, por un monto total de S/. 29 900 millones, de los cuales S/. 24 mil millones corresponden a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. La principal explicación encontrada por la Contraloría, sería que la ejecución se concentra en el movimiento presupuestal del dinero, mas no en la concreción de la obra física. Estas cifras deben generarnos preocupación como ciudadanos, pues lo que nos dicen, en buena cuenta, es que no se prestarán los servicios en los tiempos previstos.
Al respecto, consideramos que el movimiento del presupuesto puede generar la impresión de que se está ejecutando más, cuando probablemente gran parte de la ejecución consista en el compromiso de recursos, pago Expedientes Técnicos o adelantos que permitirán a los contratistas celebrar contratos con sus subcontratistas, comprar materiales o suministros. Pero por más movimiento presupuestal que se realice, si no se cumplen con los cronogramas de ejecución, esto es, si no se realizan los trabajos en la obra en los tiempos y en las condiciones previstas, el servicio no empezará a ser prestado conforme a lo programado.
Por tanto, las necesidades van a seguir ahí, sin ser atendidas. Y probablemente, para el momento en que se culmine la ejecución de la obra, el paso del tiempo habrá generado variaciones en la demanda o el incrementado de la afectación que esa desatención produce en la gente, sobre todo cuando se trata de servicios públicos o servicios a cargo del Estado de primera necesidad, con las consecuencias directas en la calidad de vida de la población.
Por ejemplo, en materia de salud, no es lo mismo para la gente ser atendida para prevenir una enfermedad, para recibir un tratamiento de rutina ante una enfermedad crónica, o para vacunar a sus hijos a fin de evitar que caigan enfermos, a ser atendida tiempo después cuando su salud ya esté comprometida. Esto último lamentablemente, es lo que sucede cuando no se cuenta con la infraestructura pública e inversiones públicas necesarias para atender estas necesidades, a tiempo y con las condiciones adecuadas, sobre todo en las localidades más alejadas o donde la oferta privada solo puede ser costeada por un segmento determinado de la población.
Es importante mencionar el nexo entre el tiempo y la calidad, al ser ambos relevantes para lograr el objetivo de la inversión pública, pues cuando la demora en la ejecución física es mayor, existe la tendencia a ejecutarla sin cautelar la calidad y las características idóneas. Ello, afecta las condiciones del producto que finalmente se va a obtener, y por lo tanto, del servicio que se va a dar a la población.
Que las cifras dadas se concentren a nivel Regional y Municipal, también nos da un primer panorama de que las obras inconclusas se podrían concentrar en aquellas destinadas a las necesidades locales más inmediatas, y por tanto de impacto más próximo en la población, necesidades que a la fecha seguirían latentes, sin la debida atención. Parte del gran reto con que nos encuentra el bicentenario en materia de inversión pública y servicios a cargo del Estado, consistirá en fortalecer las capacidades de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para ejecutar sus obras en las condiciones previstas, lo cual deberá ir acompañado de una adecuada prestación del servicio.
Columna publicada en La Mula, disponible en: https://karlagavino.lamula.pe/2021/07/25/cual-es-el-impacto-en-la-poblacion-de-las-obras-inconclusas/karlagavino/
El 11 de junio último, se publicó la Resolución Directoral N° 0002-2021-EF/63.01, que aprueba el Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú, documento que define la planificación para la adopción progresiva de BIM en el sector público. A continuación, comentaremos brevemente algunos de sus aspectos principales.
Tal como explicamos en el artículo “Actualizaciones en BIM para el sector público” el Decreto Supremo N° 289-2019-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 107-2021-EF el 15 de mayo de 2021, establece que el Plan de Implementación y Hoja de Ruta, contiene el análisis del contexto actual nacional de la industria de la construcción, así como de la adopción del BIM y define objetivos y acciones al corto, mediano y largo plazo estructurados con base a 4 líneas estratégicas: 1) Establecer el liderazgo público, 2) Construcción de un marco colaborativo, 3) Aumento de la capacidad de la industria, y 4) Comunicación de la visión.
Al respecto, podemos mencionar brevemente que el Plan BIM Perú tiene por propósito reducir los sobrecostos y atrasos en la ejecución de infraestructura pública, hacer más eficiente su operación y mantenimiento, así como propiciar la transparencia en los procesos de inversión pública. En ese sentido, entre los principales hitos planteados para su implementación, se encuentran los siguientes:
Gráfico N° 1
Al respecto, consideramos que los pasos planteados revisten de importancia, siendo recomendable enforcarse en el logro de las metas planteadas para el corto plazo y mediano, a fin de no excederse en los tiempos previstos. Por ejemplo, para julio de este año, mes que ya se encuentra avanzado, será importante en primer lugar contar con los estándares BIM y los proyectos piloto, para con base a las experiencias obtenidas de estos, nutrir el contenido de la estrategia de formación del capital humano.
Por ejemplo, en la experiencia comparada, contar los estándares BIM permite generar requerimientos uniformes por parte del Sector Público, permitiendo que el sector privado conozca de antemano qué información le solicitará el Estado, asimismo, permite que cada entidad pública realice sus requerimientos sobre una base sólida. En ese sentido, este esfuerzo debe ser articulado con el sector privado y la Academia, siendo importante que se pueda tener una prepublicación de los mismos a través del portal electrónico Plan BIM Perú (que en realidad es una sección dentro del portal electrónico del rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones -Invierte.pe-), para recibir aportes especializados.
Por motivos de espacio no podremos revisar el detalle de cada hito, pero nos permitimos un comentario sobre el ambicioso objetivo final previsto para el 2030, la aplicación de BIM para todas las inversiones públicas de todas las Entidades y Empresas Públicas sujetas al Invierte.pe.
Al respecto, en muchos países la ruta de aplicación del BIM no incluye como hito final un mandato de obligatoriedad para todos los niveles de gobierno ni para todas las inversiones, sino para un grupo determinado o para ciertos niveles de Gobierno (por ejemplo, para las inversiones del Gobierno Nacional). Consideramos que ello se debe justamente por los retos prácticos que esto significa, que podrían tornar casi imposible su cumplimiento. A continuación, mencionaremos 3 aspectos que, sumados a otros, podrían generar una gran dificultad para el cumplimiento del referido hito.
Por ejemplo, en el caso peruano, en primer lugar, tenemos un tema tecnológico y de conectividad de por medio, pues poder contar con el BIM en los tres niveles de gobierno, presupone contar con una capacidad estándar y adecuada de servicios de internet a lo largo del país, lo cual hoy por hoy no se ajusta a la realidad, y dependerá de distintas variables que escapan al control de quienes tienen a su cargo el Plan BIM Perú, esto es, de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, rector del Invierte.pe.
En segundo lugar, a ello, se suma las condiciones del personal en la mayoría de entidades públicas fuera de Lima, sobre todo en los Gobiernos Locales, cuyos salarios bastante reducidos y constante rotación, no alienta a que personas especializadas en temas como el BIM o que inviertan en su actualización constante en gestión pública y sistemas del Estado, laboren en los mismos. Conocemos de primera fuente, distintos casos a lo largo del país donde el personal de la Unidad Formuladora se reduce a 2 o 3 personas, que a su vez se encargan de las funciones de la Unidad Ejecutora de Inversiones, los cuales suelen tener una corta duración en el cargo. Esta ausencia de un servicio civil o carrera pública bien remunerada, que no se encuentre sujeta a cambios constantes de personal, y que se vea capacitada permanentemente por la propia entidad pública, supondrá otro reto que con mucha dificultad permita la aplicación del BIM a todos los proyectos Municipales a lo largo del país.
En tercer lugar, consideramos que existe un tema conceptual de fondo, la aplicación del BIM a una inversión pública tiene un costo y un tiempo, que se incrementa conforme se requieren más usos BIM. Si de acuerdo al Plan de Implementación y Hoja de Ruta, se busca la aplicación del BIM a todos los proyectos (entendemos que con componente de infraestructura) e inversiones de edificación, podríamos abarcar aquellas que no tengan mayor envergadura, cuyo costo y reducido nivel de complejidad no ameritaría la adopción del BIM.
En ese sentido, retomamos la recomendación de focalizar el uso del BIM en las inversiones públicas, incluso a largo plazo, volviéndolo obligatorio para inversiones de envergadura y complejidad técnica en el Gobierno Nacional y en los Gobiernos Regionales, con criterios de progresividad. Mientras que, en los Gobiernos Locales, la política de implementación debería ser caso por caso, brindando apoyo técnico para la selección de los proyectos o inversiones donde se aplicará. Otra opción podría para el caso de las Municipalidades, podría ser establecer criterios de monto o complejidad previamente establecidos para su adopción.
Columna publicada en el Portal La Ley, disponible en el link: https://laley.pe/art/11694/implementacion-y-hoja-de-ruta-del-plan-bim-peru-hitos-y-retos?__cf_chl_managed_tk__=pmd_b2108f8966ab76b420776a71351483d11197a4c9-1627708802-0-gqNtZGzNAw2jcnBszQiO
El artículo completo se encuentra disponible en el link:
