Tuvimos el agrado de ser invitados por INICAM y Konrad Adenauer Stiftung, para participar como ponentes en el Encuentro Internacional: Agenda pendiente en la gestión pública municipal, para conversar sobre desafíos de la reactivación económica en el nivel local, con la ponencia "Inversión Pública y medidas locales para la reactivación económica". El video, se encuentra disponible en el siguiente link: https://fb.watch/9g2_zuumvJ/
Recibimos la cordial invitación de Pacífico Business School - Universidad del Pacífico y del Diario Gestión para participar como ponente en Salón Gestión - PBS, con el tema "Inversión Pública: Panorama y Perspectivas".
En este interesante artículo Eduardo Recoba analiza las perspectivas de negocios y economía en el contexto actual. En ella, se recogen unas aportes nuestros sobre las Obras por Impuestos y las Asociaciones Público-Privadas como oportunidades para la reactivación y crecimiento económico.
Artículo disponible en : https://www.iforex.mx/noticias/educaci%C3%B3n-financiera-doctrina-econ%C3%B3mica-y-202106251759?fbclid=IwAR3CO9-8Pih6hLfomfwUS7N8SbztATNR-120S_15R1UhObuPxNSroOFqUx0
Autora: Karla Gaviño
Profesa de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
La modernización del Estado, de las políticas públicas y de la gestión pública son necesarias para el desarrollo de los países Latinoamericanos. Por ello, herramientas de gestión pública novedosas, como las Mesas Ejecutivas, merecen ser analizadas atendiendo a la dimensión articuladora que pueden tener, sobre todo en contextos donde pensar fuera de la caja y ponerse de acuerdo suele ser un reto.
Las Mesas Ejecutivas buscan identificar de forma concreta los aspectos que limitan el desarrollo de un sector o factor productivo, mediante el diálogo y la articulación directa entre diversos actores públicos, (que pueden ser del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales o Municipalidades), así como entre estos y actores del sector privado, pudiendo incluir también a la academia e investigadores. Es importante distinguirlas de espacios de diálogo general o protocolar, pues se asemejan mucho más a espacios de trabajo donde se busca la solución concreta a la limitante identificada, sin perjuicio que producto de las interacciones pueden identificarse más aspectos a tratar. Las soluciones pueden ser tan variadas como los problemas identificados, abarcando desde propuestas de reorganización de funciones (por ejemplo, evitando duplicaciones o llenando vacíos), mejoras normativas, hasta temas de articulación y gestión.
Naturalmente, las Mesas Ejecutivas requieren un equipo que conduzca su desarrollo, identifique a los actores relevantes, organice y dirija las reuniones, lleve el registro de los acuerdos y realice el seguimiento de los mismos. Sobre todo, que tenga el manejo adecuado en temas de políticas públicas, gestión pública y funcionamiento del Estado, para centrar el enfoque en aspectos que efectivamente puedan ser mejorados. Es también importante la capacidad de convocatoria a los actores relevantes tanto públicos como privados, así como la experiencia suficiente para mediante el diálogo, llegar a soluciones conjuntas. Sin duda se requiere de un empoderamiento al nivel del encargo, toda vez que para concretar las soluciones identificadas se puede requerir la participación de las instancias más altas del Gobierno, por ejemplo, de ministros o del Presidente de la República.
Este mecanismo encuentra distintas variantes en la experiencia comparada. En Perú, ha tenido una aplicación con altas y bajas en su continuidad. Así, la primera experiencia peruana se tuvo en 2014 en el Ministerio de la Producción, que a los pocos años se vio desactivada, siendo retomadas a partir de 2017 y con mayor énfasis desde 2018. En ese sentido, hoy se cuenta con 10 Mesas Ejecutivas: Forestal (setiembre 2017), Acuícola (setiembre en 2017), Turismo (setiembre 2018), Minero Energética (octubre 2018), Innovación (Diciembre 2018), MYPE (Agosto 2020), Pesca (Octubre 2020), Textil (Noviembre 2020), Gastronómica (Enero 2021) y Mercados de abastos (enero 2021).
Consideramos que el principal reto que afrontan las Mesas Ejecutivas es la desconfianza existente entre el sector público y el sector privado, así como la desconfianza de la población respecto de las coordinaciones que se puedan realizar entre aquellos. Este círculo de desconfianza, si bien ya era un tema delicado antes de la pandemia (por los distintos escándalos de corrupción que se venían conociendo públicamente en distintos ámbitos, como el caso Lava Jato, el Club de la Construcción, entre otros), se ha tornado aún más delicado durante la pandemia, teniendo su crisis más reciente en el escándalo denominado Vacunagate. La fórmula más acertada para la interacción público-privada en las Mesas Ejecutivas, parece ser la descrita por Piero Ghezzi en su análisis Mesas Ejecutivas en Perú: Una tecnología para el desarrollo productivo (BID, 2019): “Ello requiere la distancia apropiada. No debe ser excesivamente lejana, de modo que la información no fluya, ni demasiado cercana, de tal forma que devenga en captura o corrupción”.
Adicionalmente, otros retos son las complejidades para: lograr diagnosticar correctamente el problema, que va de la mano con la falta de información adecuada; lograr la colaboración de todos los actores; conseguir una solución articulada con la que los participantes se encuentren conformes, así como, la necesidad de fluidez y proximidad entre las reuniones.
A estos aspectos, se suma el riesgo de la pérdida de prioridad que se le pueda dar a cada una de las Mesas Ejecutivas ya conformadas, toda vez que los esfuerzos de las entidades públicas están comprensiblemente enfocados en el manejo de la crisis sanitaria, económica y política que vive el país. En ese sentido, la creación de nuevas Mesas Ejecutivas durante la pandemia es un indicador a resaltar, sobre todo atendiendo a que coinciden con sectores de la actividad económica cuya reactivación resulta necesaria. Esto nos refleja la visión que el Gobierno peruano tiene de las Mesas Ejecutivas, como espacios que pueden contribuir a la reactivación económica, visión que será recomendable continuar tras el cambio de Gobierno.
Artículo publicado en América Economía en el link:
Inversión
pública y creación de trabajo
¿Qué puestos de
trabajo se pueden crear con la inversión pública?
Autora: Karla Gaviño
Docente de la Escuela
de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
La crisis sanitaria por la COVID-19
continúa, junto con la compleja situación económica y la necesidad de generar puestos
de trabajo, que serán parte del correlato que acompañe al próximo gobierno en
sus inicios. A pocos días de las elecciones, los distintos candidatos anuncian
en sus intervenciones mediáticas y en sus planes de gobierno, la creación de
empleo mediante la inversión pública. Algunos, no identifican proyectos
puntuales con lo cual puede tratarse de nuevas inversiones a formular, mientras
que otros presentan una fórmula mixta, llegando inclusive a mostrar en sus planes
de gobierno un listado con el detalle de las inversiones, que pueden estar a
nivel de idea, en ejecución, y dentro de éstas con ejecución lenta o paralizada
anunciando que serán impulsadas.
Es conveniente tener presente la
finalidad principal de la inversión pública no es propiamente la generación de
empleo. En términos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones, conocido como Invierte.pe, éste busca: “la efectiva prestación
de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo
del país”. No obstante, es indiscutible que la inversión pública tiene
un efecto en la creación de puestos de trabajo temporal, y en el movimiento de
la cadena de pagos, que resulta de suma importancia en contextos de
reactivación económica como el presente. Al respecto, el Ciclo de la inversión,
tiene cuatro fases distintas: a) programación multianual de inversiones, b)
formulación y evaluación, c) ejecución y d) funcionamiento; en las cuáles es posible
identificar efectos generadores de empleo en distintos rubros y en medida.
Sobre la fase de programación
multianual de inversiones, toda vez que consiste en el análisis de las brechas
de infraestructura y servicios a cargo del Estado, y sus criterios de medición,
así como de la elaboración de la cartera de inversiones, básicamente estaremos en
un espacio donde adicionalmente al aparato público en sí mismo, participan
consultores especializados en la materia. Similar ocurre con las inversiones en
formulación y ejecución, que también tienen un impacto inmediato reducido en el
empleo, por consistir en la elaboración de los estudios de preinversión y las
fichas técnicas a ser evaluadas (para determinar su viabilidad en el caso de
proyectos de inversión, o su aprobación en el caso de inversiones de
optimización, ampliación marginal, reposición o rehabilitación).
Es en las inversiones en
ejecución, donde podemos hablar de un mayor impacto, por estar involucradas directamente
empresas constructoras y sus trabajadores, así como toda su cadena de proveedores,
suministros, subcontratistas, entre otros. La duración de las inversiones
en ejecución, idealmente deberían ceñirse al tiempo previsto en los cronogramas
de ejecución, dado que no se busca permanecer en la construcción de la obra
indefinidamente, sino la puesta en funcionamiento del servicio o del activo,
siendo el lapso de tiempo de ejecución el horizonte estimado del trabajo que se
genera en esta etapa (que según la envergadura, podrían llegar a ser algunos años).
En la etapa de funcionamiento de
la inversión, tendremos la operatividad, los servicios que brinda el Estado y
el mantenimiento, lo que pueden requerir otro tipo de proveedores por tratarse
de actividades que se financian primordialmente con gasto corriente, es decir,
de actividades de carácter constante o propias de la Entidad.
Volviendo a la etapa de ejecución,
será importante que las futuras autoridades tengan presente que iniciar
obras con problemas o sin tener todos los requisitos previos adecuadamente analizados
y saneados, podrá llevar a la paralización de las obras, lo cual no moverá la
economía ni impactará en el empleo positivamente, todo lo contrario, generará resoluciones
contractuales, y solicitudes de pagos a las empresas constructoras por parte
sus propios proveedores, subcontratistas o trabajadores, con quienes no podrán
cumplir y a quienes no podrán pagar, porque la obra no avanza. Asimismo,
al Estado le podrían generar adicionales de obra, adendas, indemnizaciones y costos
políticos. Estas obras, que por lo general empiezan aceleradamente o con
falencias de información, al inicio podrán dar la impresión de generar trabajo
en el corto plazo (mientras se ejecuta un porcentaje de la misma), pero en
realidad, con su paralización generarán deudas y problemas legales, sobrecostos,
y ni qué decir del descontento social y la postergación de las necesidades de
la población.
La fórmula no es nueva, y ya se
ha buscado recurrir a la inversión pública para reactivar la economía y crear
trabajo. El éxito de estas medidas dependerá finalmente, de la adecuada identificación
de las inversiones, del sólido análisis técnico, del cumplimiento de los
requisitos y articulaciones previas para evitar caer en escenarios de
paralización, así como del acompañamiento y de la gestión.
Publicado en La Mula en el link: https://karlagavino.lamula.pe/2021/04/08/inversion-publica-y-creacion-de-empleo-en-el-peru/karlagavino/
Participamos en este reportaje de RPP, comentando las propuestas de generar empleo a través de la inversión pública, contenida en distintos planes de gobierno en el marco de las elecciones 2021.
Mucho se ha dicho sobre la importancia de cerrar las brechas de infraestructura y servicios públicos en el Perú, como un aspecto fundamental para la productividad, competitividad y el desarrollo nacional. Asimismo, importantes decisiones en materia de políticas públicas y gestión pública se han tomado, argumentando como sustento la búsqueda del cierre de brechas, por ejemplo, el reemplazo del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), que entró en vigencia en el 2017.
Sin desmerecer los esfuerzos sectoriales o avances académicos realizados en su momento, podemos afirmar que es a partir de la publicación del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) en Julio de 2019, que el Perú cuenta con una cuantificación oficial de la brecha nacional de acceso a infraestructura, estimada en aproximadamente S/. 363 mil millones. La cual, como indica el PNIC, no incluye criterios de calidad (por ejemplo: calidad del agua, el estado de la infraestructura educativa, de la cantidad de horas del servicio de electricidad, entre otros), pues de incluirlos la cifra se encontraría subestimada.
El PNIC cuenta con una lista de 52 inversiones, por S/. 99 196 millones, monto que a diciembre de 2020 asciende a S/. 114 040 millones como consecuencia de actualizaciones en las inversiones, según el Informe de Avance del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas en febrero de 2021. Consideramos que el listado de proyectos puede ser revisado atendiendo a las necesidades que en el marco de la COVID-19 se han evidenciado, por ejemplo, incluyendo proyectos en materia de salud. Sin perjuicio de lo cual, permite orientar los esfuerzos para avanzar en base de inversiones consideradas prioritarias, siendo por tanto un instrumento válido para el cierre de brechas y la reactivación económica.
En cuanto al tiempo de su ejecución, la expectativa del PNIC es lograr la ejecución al 2025 del 95% de los proyectos priorizados. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cómo mejorar el nivel de avance?, a continuación responderemos ambas interrogantes:
Basándonos en el Informe de Avance mencionado, al momento de la publicación del Plan la cartera de proyectos contaba con una ejecución financiera de S/. 12 601 millones (respecto del monto total actualizado de S/.114 040 millones), desde entonces se han ejecutado financieramente S/. 3 370 millones, que en términos porcentuales equivalen a 3.3%, pasando desde la publicación del PNIC del 11% de ejecución financiera al 14.3%. La diferencia producto de restar al monto total del PNIC, el monto ejecutado financieramente, da S/. 97 708 millones, que según el Informe de Avance equivale al 12.7% del PBI. A manera de breve paréntesis, el término “ejecución financiera” remite al monto gastado, pagado, comprometido o devengado, que no necesariamente coincide con la ejecución física de la obra, por ejemplo, en el caso de los pagos realizados o comprometidos por adelantado, de los destinados al Expediente Técnico, entre otros.
En la siguiente tabla veremos el detalle del estado de los proyectos del Plan:
De la Tabla se desprende que 6 proyectos iniciaron su ejecución, con lo cual se tendría aproximadamente el 57.6% de proyectos en ejecución. Este ritmo de ejecución se puede deber al impacto del contexto COVID-19 en la economía y en la infraestructura, a la crisis política constante que acompaña al país en los últimos años y que naturalmente impacta en la continuidad de las políticas públicas, afectando la gestión pública y la ejecución de proyectos de inversión, así como también a aspectos por mejorar en el diseño de la gestión y acompañamiento para la concreción del PNIC.
Sin perjuicio de ello, consideramos se requiere de mayor celeridad, tomando en cuenta las metas trazadas en el propio PNIC, la importancia de la ejecución de proyectos como parte del motor reactivador de la economía y la necesidad latente por el cierre de las brechas de servicios e infraestructura pública.
Los mecanismos previstos en el PNIC para concretar su ejecución involucran: 1) un seguimiento especifico, ad hoc para estos proyectos; 2) la aplicación de la metodología BIM (Building Information Modeling) y, 3) la creación de PMO’s (Project Management Office) especilizadas. Los PMO’s, junto con la liberación de interferencias y el planeamiento para la adquisición de predios, son considerados por el Informe de Avance como los grandes retos del PNIC.
Al respecto, consideramos que la clave consiste principalmente, en el seguimiento del PNIC, que debe ir de la mano con el acompañamiento integral en la gestión de los proyectos. Esto no es equivalente a hablar de PMO’s para cada Entidad involucrada, con las consecuentes posibles duplicaciones de funciones e incremento del aparato estatal que puede suponer si no se realiza con focalización y transparencia. Nos referimos al encargo del seguimiento y acompañamiento del PNIC como un objetivo integral, que sugerimos debe recaer en el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (por sus siglas, EESI) sin necesidad de agrandar más el aparato estatal. El EESI tiene competencias para el seguimiento de Asociaciones Público-Privadas e inversiones públicas que se realicen por otras modalidades (coincidiendo con la variedad de inversiones contenidas en el PNIC según su tipo de ejecución), y que precisamente se creó en el 2013 como una Unidad Especializada del Ministerio de Economía y Finanzas, para el destrabe de inversiones estratégicas, articulando con las distintas Entidades Públicas, niveles de Gobierno y actores privados.
Para ello, será importante que el EESI recupere la fortaleza y el impulso con el cual se creó, agregando presencia en los Consejos de Ministros, a fin de comunicar al más alto nivel, el estado del avance y las necesidades de articulación que cada proyecto requiere. Si bien en el poco tiempo que queda para la gestión del actual Gobierno, recomendamos adicionalmente del encargo al EESI, la focalización en unos cuántos proyectos del PNIC, cuyo destrabe dependa prioritariamente del propio Poder Ejecutivo (para reducir paralizaciones por aspectos que escapen a su controlar), en un siguiente Gobierno (con una duración esperada de 5 años), sí sería posible revisar la totalidad de proyectos del PNIC y desprender líneas de acción para el logro concadenado de metas de corto, mediano y largo plazo articulados por el EESI.
Con relación a la metodología BIM, su implementación será importante para reducir contradicciones entre los estudios de preinversión, expedientes técnicos y la ejecución de la obra, así como la ausencia de información necesaria para llevar a cabo el proyecto, que podrá traducirse en menos adicionales de obra, menos adendas, menos paralizaciones. Adicionalmente, conforme se desprende de la experiencia comparada, sus principales impactos se podrán ver durante el funcionamiento del proyecto, en términos de costos y servicios prestados con los activos generados mediante la inversión pública.
Considerando que su implementación es una tarea con hitos de mediano y largo plazo, sugerimos la concentración de los esfuerzos en contar con la estrategia nacional, anunciada desde el 2018 como “el Plan BIM Perú”, en la elaboración de los estándares BIM, así como en el desarrollo de roles BIM claros y detallados. Sin ello, no será posible su implementación adecuada. a nivel nacional. Asimismo, al tener el BIM un costo importante (en tiempos y en dinero) según el uso o usos que se le dé en cada proyecto, su aplicación debe ser focalizada, teniendo claro desde el inicio para qué vamos a requerir el BIM (esto es, ¿qué uso(s) del BIM vamos a contratar?) en los proyectos del PNIC que lo requieran. Por ejemplo, el BIM tiene usos relacionados al saneamiento físico legal, identificado en el Informe de Avance como uno de los principales retos del PNIC.
El especial, se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://laley.pe/art/10483/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-de-la-administracion-publica-del-2020
El sector la construcción es clave para el avance de la economía, no obstante enfrenta distintos retos estructurales a los que suman retos coyunturales por la COVID-19. Fuimos invitados por Mayo Educación Ejecutiva, para participar en el Webinar: Perspectivas y retos en el sector construcción para el 2021.
El video se encuentra disponible en el siguiente link: https://fb.watch/2qEoRmJtrf/
El Grupo "El Comercio" nos consultó sobre medidas de acompañamiento al programa Arranca Perú 2 y la situación de la inversión pública en el contexto actual. Compartimos los link donde puede encontrarse el detalle de la nota y nuestros aportes.
Diario El Comercio:
Diario Peru21:
Disponible en El Comercio en el link:
Disponible en Peru21 en el link:
Docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.
Al igual que en muchos países de la región Latinoamericana y del Caribe, en el Perú año tras año se presentan dificultades en materia de inversión pública, principalmente en su ejecución. Al mes de setiembre de 2020, la ejecución total de los recursos anuales previstos para proyectos es de 26%. Si bien podríamos argumentar sobre el impacto de la COVID-19, lo cierto es que la ejecución es una debilidad constante en la inversión pública, y tiene un elemento clave que puede afectarla negativamente, mantenerla en el mismo estado o por el contrario, ayudarla a despegar: la gestión.
La aplicación desarticulada de los procesos de la obra pública y la ausencia de incentivos para coordinar entre los actores, se encuentran entre los principales aspectos que dificultan un adecuado manejo de las inversiones (sin perjuicio de honrosas excepciones). En este escenario, las formas colaborativas de gestionar la inversión pública, se colocan bajo el reflector como opciones novedosas para articular actores y procesos, buscando superar problemas casi eternizados durante el Ciclo de Inversión.
La falta de articulación durante las distintas Fases o etapas entre los participantes del Sector Público (que pueden ser distintas oficinas de la misma Entidad o distintas Entidades), como entre éste y las empresas contratistas, así como entre las propias contratistas (entre la empresa que elabora el Expediente Técnico y la que ejecuta la obra y/o las subcontratas), generan ausencias de información, duplicaciones e incompatibilidades de formatos, criterios, tecnologías, interferencias, entre otros, que necesitan ser armonizadas, atendiendo a los costos en tiempo y en dinero que suponen (y la afectación a la población, que no recibe los servicios oportunamente).
Entre estas opciones colaborativas, se encuentra el Building Information Modelling (por sus siglas, BIM), entendido como el conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten a múltiples actores colaborar en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de inversiones públicas en espacios virtuales. Tiene por objetivo facilitar el diseño y la gestión aportando un modelo tridimensional inteligente, con información gráfica y no gráfica, en un entorno común y colaborativo, generando nueva información de calidad para una toma de decisiones transparente y eficiente. El BIM es una metodología de gestión basada en la colaboración, que no debe ser confundida con el manejo de un software de modelamiento de infraestructura, pues sin perjuicio de la importancia de estas herramientas, va más allá de ellas, e implica necesariamente un cambio cultural entre los actores de la inversión pública, sin lo cual el BIM nos quedará grande.
En la experiencia comparada, se utiliza en distintos países, resaltando en América del Sur la experiencia Chilena. En el Perú, no es extraño en las construcciones del sector privado, e inclusive se ha empleado en obras públicas realizadas de forma aislada, mas no como parte de una estrategia que involucre la modernización de la obra pública peruana. Conforme a las normas específicas en la materia con las que cuenta el Perú (el Decreto Supremo N° 289-2019-EF y la Resolución Directoral N° 003-2020-EF/63.01), el BIM puede ser empleado en las inversiones públicas de infraestructura o con componente de edificación, de las Entidades y Empresas públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), durante cualquier Fase del Ciclo de Inversión.
Para la implementación del BIM, será importante contar con: i) el Plan BIM Perú que aporte una estrategia nacional integrada y articulada con el Sector Privado (principalmente con los contratistas) y la Academia (que deben ser aliados en la capacitación y difusión de la metodología); ii) estándares BIM, elaborados sobre la base de éstas interacciones, que clarifiquen la información a solicitar por las Entidades Públicas y sus características, y que por tanto, deberá proveer el Sector Privado; iii) el liderazgo del rector o de una Entidad específica para conducir la estrategia y su implementación, incluyendo su acompañamiento para la aplicación progresiva acompañada y focalizada del BIM (que tiene 25 usos, aplicar cada uno tiene un costo en dinero y tiempo, siendo importante identificar para qué se quiere el BIM en cada inversión); iv) proyectos pilotos con asistencia técnica que permitirán, a su vez, identificar los tipos de inversiones donde será recomendable iniciar su implementación, las mejoras para futuras inversiones y contar con insumo práctico para el desarrollo de guías metodológicas.
Finalmente, lo expuesto debe ir acompañado de la revisión de las normas que regulan las contrataciones públicas, así como de recomendaciones de cláusulas colaborativas en los contratos, y sobre todo, de una capacitación constante que acompañe el cambio de visión que el BIM implica.
Por: Karla Gaviño Masías
La priorización adecuada de las inversiones públicas, incluyendo las contenidas en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, puede ayudar a canalizar adecuadamente los recursos y esfuerzos en materia de inversión pública.
Las inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición de activos (IOARR) pueden también aportar al movimiento de la inversión pública.
En este pequeño video realizado para Pacífico Business School (PBS) de la Universidad del Pacífico, publicado el 29.09.2020 en sus redes sociales, explicamos ambas ideas. Anímense a verlo, solo toma un par de minutos:
En el Facebook de PBS:
Y en el twitter de PBS:
La inversión pública es importante para impulsar la reactivación económica en el actual contexto de COVID-19. Su ejecución, continúa siendo un reto para las distintas Entidades Públicas de los tres niveles de Gobierno.
Cuando recibimos la cordial invitación de Pacífico Business School de la Universidad del Pacífico y del Diario Gestión, para desarrollar una conferencia, decidimos aportar buscando soluciones con ideas que pueden ser implementadas en el corto y mediano plazo, para acelerar la ejecución de la inversión pública. La conferencia fue realizada en el Salón Gestión-PBS el 23.09.2020. Compartimos el video.
Autora: Karla Gaviño Masías
Docente de la Escuela de Gestión Pública de la
Universidad del Pacífico.
Desde escenarios previos al COVID-19, la ejecución de la inversión pública ha sido tradicionalmente una tarea difícil para las distintas entidades y empresas públicas de los tres niveles de gobierno. Entre los motivos, se encontraban las dificultades para priorizar adecuadamente las inversiones, para contratar, las constantes adendas en el caso de la inversión pública ejecutada mediante Asociaciones Público-Privadas, las modificaciones en los Expedientes Técnicos o durante la ejecución de las inversiones (producto normalmente de un inadecuado análisis ex -ante o preinversión), temas arbitrales, saneamiento físico legal, aspectos de coordinación entre entidades y de gestión, conflictos sociales, falta de transparencia, entre otros.
En el contexto COVID-19, las dificultades y retos para su ejecución se han acrecentado, no obstante, acelerar la ejecución de la inversión pública es un elemento clave para reactivar la economía. Lograrlo supone un gran esfuerzo para las entidades y empresas públicas, que no necesariamente cuentan con las herramientas y capacidades adecuadas para ello (técnicas, de recursos, entre otras).
Por esta razón, abordamos esta problemática presentando las siguientes ideas claves para acelerar la ejecución de la inversión pública en el contexto actual, que pueden ser aplicados en el corto y mediano plazo, de forma práctica y concreta: Primero, enfocarnos en la priorización de inversiones públicas, incluyendo proyectos de gran envergadura contenidos en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad; en segundo lugar, la gestión de inversiones con acompañamiento (identificando la necesidad de enfatizar la gestión mediante espacios de articulación simplificados que no requieren el incremento del aparato estatal); en tercer lugar, el destrabe de proyectos y de permisos administrativos, incluyendo el saneamiento físico legal y la identificación de proyectos paralizados y que podrían destrabarse; en cuarto lugar, la aplicación focalizada del mecanismo de Proyectos Especiales de Inversión Pública y G2G, donde se busca identificar específicamente los casos en que corresponde su aplicación y los participantes específicos a quienes capacitar y apoyar con asistencia técnica; y en quinto lugar, apuntar a la Transparencia y Gobierno Abierto, recomendando ir más allá de las políticas de datos abiertos, para incorporar al Gobierno Abierto como mecanismo que permite relegitimar la inversión pública.
Artículo Publicado en Diario Correo, el 20.09.2020. Disponible en el link:
https://diariocorreo.pe/opinion/ejecucion-de-la-inversion-publica-en-contexto-de-covid-19-noticia/
También publicado en Análisis Efectivo el 22.10.2020 con el título "Inversión en contexto COVID", disponible en el link: https://www.efectividat.com/post/karla-gaviño---inversión-en-contexto-covid
por: Karla Gaviño Masías
Acelerar la ejecución de la
inversión pública es un elemento clave para reactivar la economía. Lograrlo,
supone un gran esfuerzo para las entidades y empresas públicas, que no
necesariamente cuentan con las herramientas y capacidades adecuadas para ello
(técnicas, de recursos, entre otras). A continuación, compartimos algunas ideas
claves que pueden ser aplicadas en el corto y mediano plazo, esperando aportar a
la consecución de éste objetivo:
1.- Priorización de
inversiones públicas: Ante la escasez de recursos y la necesidad de
acelerar la inversión pública, se deben priorizar inversiones con transparencia
y criterios técnicos enfocados al corto y mediano plazo, como el nivel de avance,
prontitud en su ejecución e inicio de prestación de servicios, mayor
rentabilidad social y generación de empleo. Así como la continuidad del Plan Nacional
de Infraestructura para la Competitividad y su actualización para la inclusión
de proyectos sociales (por ejemplo, proyectos de salud). Identificación de
Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición
que puedan realizarse agrupadamente.
2.- Gestión de Inversiones con
acompañamiento: Fortalecimiento de instancias de seguimiento y acompañamiento
(tipo Comités de Inversiones) en los 3 niveles de gobierno, que no requieren la
ampliación del aparato estatal, y que articulen esfuerzos entre todos los
involucrados (incluye articulación intersectorial y territorial, cuando más de
un Sector o nivel de Gobierno participen del proyecto), manteniendo la simplicidad
en su gestión (evitar formatos excesivos). Implica también canalizar los
esfuerzos en la gestión de inversiones antes que en reformas normativas que
exceden lo necesario. Los recursos públicos que se pudieran otorgar a las Entidades,
también deben ir de la mano con el acompañamiento.
3.- Destrabe de proyectos y de
permisos administrativos: Pronta identificación de barreras burocráticas,
licencias y permisos administrativos que se podrían realizar con mayor celeridad
o simplicidad; de convenios o acuerdos interinstitucionales pendientes para la
ejecución de proyectos; y el saneamiento físico legal. Involucra la identificación
de proyectos avanzados que podrían retomarse (como Majes Siguas II), o cuyo proceso
no debiera resultar engorroso.
4.-Aplicación focalizada del
mecanismo de Proyectos Especiales de Inversión Pública y G2G: Identificar casos
donde corresponda su aplicación y los actores claves, para generar las
capacidades necesarias. Capacitaciones especializadas y asistencia técnica en la
herramienta BIM, que acompañará a los Proyectos Especiales de Inversión Pública.
5- Transparencia y Gobierno
Abierto: Las prácticas de Datos Abiertos son importantes, pero no
suficientes, se debe incorporar el Gobierno Abierto en la Inversión Pública,
logrando el sinceramiento, consenso y relegitimando la inversión pública con la
sociedad, academia, empresa privada, entre otros.
Lima, 19 de agosto de 2020.
Publicado en la versión online del Diario Gestión el 14.09.2020
Autora: Karla Gaviño Masías
A lo largo de la región de América Latina y el Caribe (LATAM) distintas voces han resaltado que en materia de salud y economía, la ruta a seguir por los distintos países en el contexto del COVID-19, no se enfrasca en el supuesto dilema de elegir entre una u otra. Nos sumamos a ello, pues consideramos se debe ser cautelar la salud de la población, buscando la contención de la epidemia y el control de los contagios, acompañando con medidas que permitan la actividad económica en cuanto sea posible, tomando las precauciones de seguridad y salud pública respectivas. Esto debería ir acompañado de mecanismos de subsidios y de soporte económico a la población (por ejemplo, mediante bonos) cuando las acciones de contención impliquen el cierre de actividades económicas afectándola fuertemente. Sobre esto último, es amplio el reto, tan solo el empadronamiento y la repartición de este tipo de bonos es un ejercicio para el cual la mayoría -o todos- de los países de la región, no se encuentran adecuadamente preparados.
La región LATAM es el nuevo foco del COVID-19, con países como Brasil y Perú con cifras de contagios y fallecidos que los colocan entre los más afectados a nivel mundial, pese a haber adoptado medidas distintas en materia de salud y economía ante la pandemia (en Brasil el mandatario llamó a la inmunidad del pueblo y a la continuidad de la vida normal, minimizando la seriedad de la pandemia; mientras que en Perú, al inicio de la pandemia el Gobierno decretó una cuarenta general, que conllevó a la suspensión de actividades económicas consideradas como no esenciales). Cabe señalar que, como consecuencia de estas medidas, existe una importante diferencia entre las cifras de contagio de ambos países; sin las medidas inicialmente adoptadas por el Gobierno Peruano, las cifras actuales serían largamente superiores.
A lo largo de la región, podemos también encontrar políticas intermedias y distintos momentos de reacción durante la ola de contagios, pero en términos generales, es evidente la afectación en la salud pública y en materia económica que la pandemia viene ocasionando en los países. Sobre esto último, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta una caída regional del 9,1% del producto bruto interno (PBI)[1].
Recientemente, en Julio de 2020, la CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han publicado conjuntamente el Informe “Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina”[2], analizando la situación de los países de América Latina y del Caribe, y planteando 7 principios para la convergencia de la salud y la economía, que serán materia de comentario en el presente artículo.
Empecemos por la conclusión principal a la que ambos organismos arriban en el Informe: “si no se controla la curva de contagio de la pandemia, no será posible reactivar la economía de los países”. Previo a esta conclusión, se muestran cifras muy duras sobre el incremento del desempleo proyectado, de 8,1% en el 2019 a 13,5% en el 2020, (lo que implica 44 millones de personas desempleadas, esto es 18 millones más respecto del 2019), lo que a su vez lleva a una proyección de incremento en la tasa de pobreza de 7,0%, llegando así a 37,3% en el 2020 (un incremento de 45 millones de personas en situación de pobreza, dando un total de 231 millones), mientras que la pobreza extrema aumentaría en 4,5% en el 2020, llegando así a 15,5% en total (incremento de 28 millones de personas en situación de extrema pobreza, dando un total 96 millones).
A las cifras, la CEPAL y la OPS le ponen rostro humano, pues afirman que la crisis ha afectado más a las mujeres dado que se desarrollan principalmente en las actividades económicas más golpeadas por las medidas de contención del virus y en los sectores laborales más expuestos al contagio, asimismo el confinamiento las ha rezagado a trabajos de cuidado y las ha expuesto a mayor violencia doméstica, incluyendo el feminicidio. Agregan ambos organismos que especial vulnerabilidad tienen la población migrante, los refugiados, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, así como los adultos mayores y las personas con discapacidad.
Pero ¿qué coloca a la región LATAM en esta situación de especial fragilidad ante el COVID-19? Para la CEPAL y la OPS, serían las características de los sistemas de salud: subfinanciados, segmentados y fragmentados, con grandes barreras de acceso. Ahonda en ello, la debilidad en el ejercicio de la función rectora que ostentan las autoridades de salud y el bajo gasto público, que en promedio llegaría tan solo a la mitad de lo sugerido por la OPS, (3,7% del PBI, frente al 6,0% recomendado), los altos niveles de informalidad laboral, la urbanización, la pobreza y desigualdad (incluso, precisan que es la región más desigual del mundo), sus frágiles sistemas de salud y protección social, y las condiciones en las que vive la población.
Ante este contexto, la CEPAL y la OPS esbozan 7 principios que consideran necesarios para la convergencia entre la salud y la economía. A continuación los analizamos brevemente:
Precisa el Informe que la transformación de sistemas de salud, implica también acelerar los procesos de digitalización de los países de la región, dado que esto impacta en todos los sectores, niveles político-administrativos y ámbitos sociales, siendo necesario para el fortalecimiento de los sistemas de salud y la atención integral a la emergencia por COVID-19. Este aspecto, consideramos sin duda alguna, que resultará un reto para cada uno de los países, dada la poca tendencia a la digitalización y manejo unificado de datos.
En términos
del Informe, en el contexto COVID-19, “el financiamiento adecuado de las
instituciones y su efectividad, transparencia y rendición de cuentas son
fundamentales para el cumplimiento de las medidas orientadas a prevenir la propagación
y contener el virus, mantener la seguridad y reconstruir”.
Consideramos que los principios antes esbozados resultan necesarios a lo largo de la región, siendo importante dejar atrás posiciones peligrosas por su extremismo, al menospreciar la letalidad y el nivel de contagio del virus, alentando a continuar con el movimiento económico irrestricto o con bajas medidas de protección, que pongan en riesgo la vida de la población. No debe entenderse con ello, que ante las necesidades de la población y la realidad de la precariedad del empleo en la región LATAM, se sugiere la paralización de toda actividad económica, por el contrario, somos de la opinión que un manejo adecuado y prudente, puede permitir la reapertura económica con cautela y gradualidad conforme al nivel de contención del virus en cada país, permitiendo reajustes conforme a la fluctuación del virus.
[1] CEPAL (2020), citado por el Informe COVID-19 CEPAL – OPS, “Salud y Economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”, publicado en Julio, 2020.
[2] Ob. cit.
