Autora: Karla Gaviño Masías
A lo largo de la región de América Latina y el Caribe (LATAM) distintas voces han resaltado que en materia de salud y economía, la ruta a seguir por los distintos países en el contexto del COVID-19, no se enfrasca en el supuesto dilema de elegir entre una u otra. Nos sumamos a ello, pues consideramos se debe ser cautelar la salud de la población, buscando la contención de la epidemia y el control de los contagios, acompañando con medidas que permitan la actividad económica en cuanto sea posible, tomando las precauciones de seguridad y salud pública respectivas. Esto debería ir acompañado de mecanismos de subsidios y de soporte económico a la población (por ejemplo, mediante bonos) cuando las acciones de contención impliquen el cierre de actividades económicas afectándola fuertemente. Sobre esto último, es amplio el reto, tan solo el empadronamiento y la repartición de este tipo de bonos es un ejercicio para el cual la mayoría -o todos- de los países de la región, no se encuentran adecuadamente preparados.
La región LATAM es el nuevo foco del COVID-19, con países como Brasil y Perú con cifras de contagios y fallecidos que los colocan entre los más afectados a nivel mundial, pese a haber adoptado medidas distintas en materia de salud y economía ante la pandemia (en Brasil el mandatario llamó a la inmunidad del pueblo y a la continuidad de la vida normal, minimizando la seriedad de la pandemia; mientras que en Perú, al inicio de la pandemia el Gobierno decretó una cuarenta general, que conllevó a la suspensión de actividades económicas consideradas como no esenciales). Cabe señalar que, como consecuencia de estas medidas, existe una importante diferencia entre las cifras de contagio de ambos países; sin las medidas inicialmente adoptadas por el Gobierno Peruano, las cifras actuales serían largamente superiores.
A lo largo de la región, podemos también encontrar políticas intermedias y distintos momentos de reacción durante la ola de contagios, pero en términos generales, es evidente la afectación en la salud pública y en materia económica que la pandemia viene ocasionando en los países. Sobre esto último, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta una caída regional del 9,1% del producto bruto interno (PBI)[1].
Recientemente, en Julio de 2020, la CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han publicado conjuntamente el Informe “Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina”[2], analizando la situación de los países de América Latina y del Caribe, y planteando 7 principios para la convergencia de la salud y la economía, que serán materia de comentario en el presente artículo.
Empecemos por la conclusión principal a la que ambos organismos arriban en el Informe: “si no se controla la curva de contagio de la pandemia, no será posible reactivar la economía de los países”. Previo a esta conclusión, se muestran cifras muy duras sobre el incremento del desempleo proyectado, de 8,1% en el 2019 a 13,5% en el 2020, (lo que implica 44 millones de personas desempleadas, esto es 18 millones más respecto del 2019), lo que a su vez lleva a una proyección de incremento en la tasa de pobreza de 7,0%, llegando así a 37,3% en el 2020 (un incremento de 45 millones de personas en situación de pobreza, dando un total de 231 millones), mientras que la pobreza extrema aumentaría en 4,5% en el 2020, llegando así a 15,5% en total (incremento de 28 millones de personas en situación de extrema pobreza, dando un total 96 millones).
A las cifras, la CEPAL y la OPS le ponen rostro humano, pues afirman que la crisis ha afectado más a las mujeres dado que se desarrollan principalmente en las actividades económicas más golpeadas por las medidas de contención del virus y en los sectores laborales más expuestos al contagio, asimismo el confinamiento las ha rezagado a trabajos de cuidado y las ha expuesto a mayor violencia doméstica, incluyendo el feminicidio. Agregan ambos organismos que especial vulnerabilidad tienen la población migrante, los refugiados, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, así como los adultos mayores y las personas con discapacidad.
Pero ¿qué coloca a la región LATAM en esta situación de especial fragilidad ante el COVID-19? Para la CEPAL y la OPS, serían las características de los sistemas de salud: subfinanciados, segmentados y fragmentados, con grandes barreras de acceso. Ahonda en ello, la debilidad en el ejercicio de la función rectora que ostentan las autoridades de salud y el bajo gasto público, que en promedio llegaría tan solo a la mitad de lo sugerido por la OPS, (3,7% del PBI, frente al 6,0% recomendado), los altos niveles de informalidad laboral, la urbanización, la pobreza y desigualdad (incluso, precisan que es la región más desigual del mundo), sus frágiles sistemas de salud y protección social, y las condiciones en las que vive la población.
Ante este contexto, la CEPAL y la OPS esbozan 7 principios que consideran necesarios para la convergencia entre la salud y la economía. A continuación los analizamos brevemente:
- La
vida, la salud y el bienestar son primordiales y constituyen prerrequisitos
para reactivar la economía. Dando
un doble realce a la salud, como imperativo ético (en tanto Derecho
Humano) y práctico (en tanto que la protección de la vida fortalece la capacidad
productiva de las sociedades), ambos organismos resaltan la necesidad de contar
con políticas de control y mitigación en salud alineadas con la política
económica (fiscal, social y productiva), compartiendo objetivos de preservación
de la vida y bienestar de la población.
- La reducción
de las desigualdades es un eje orientador de las políticas en todas sus
fases. Se refiere a que las políticas de salud, sociales y económicas
deben ser integradas, coordinadas, participativas y adaptadas a cada
contexto nacional y subnacional, guiadas por bases fundamentales como la
vida, la salud y el bienestar, de modo que las políticas de control y
mitigación en salud, y la política económica, se encuentren alineadas,
teniendo a la reducción de desigualdades como eje orientador. Las
desigualdades, son consideradas por ambos organismos, como un gran obstáculo
para que el logro del aplanamiento de la curva de contagio, y por tanto, para
la reactivación económica. Incluso, el impacto de las desigualdades va más
allá de la fase de reactivación. En términos del Informe: “todo lo que
se haga durante y después de esta crisis debe centrarse en construir
sociedades más igualitarias e inclusivas que sean más resilientes frente a
futuras crisis”.
- La
protección social es una herramienta central para enfrentar la pandemia. Para ello, consideran ambos organismos
que se debe: implementar acciones de promoción y prevención en materia de
salud y nutrición, buscar la superación de las barreras de acceso que
experimentan poblaciones específicas, cautelar el fortalecimiento de la
coherencia de las políticas y, de manera fundamental, enfatizar la lucha
contra la desigualdad y la exclusión.
- La
priorización de la salud y el fortalecimiento de los sistemas de salud con
un enfoque de atención primaria, deben ser considerados los cimientos
necesarios para dar respuesta a las fases de control, reactivación y reconstrucción.
Para ello, resaltan la CEPAL y
la OPS el carácter indispensable de una mayor inversión pública en los países
de la región LATAM, como condición necesaria para que los servicios esenciales
de salud sean sostenibles y respondan a las necesidades integrales de la
población.
Precisa el Informe que la transformación de sistemas de salud, implica también acelerar los procesos de digitalización de los países de la región, dado que esto impacta en todos los sectores, niveles político-administrativos y ámbitos sociales, siendo necesario para el fortalecimiento de los sistemas de salud y la atención integral a la emergencia por COVID-19. Este aspecto, consideramos sin duda alguna, que resultará un reto para cada uno de los países, dada la poca tendencia a la digitalización y manejo unificado de datos.
- El
fortalecimiento de la capacidad rectora del Estado es una condición sine qua
non para la reconstrucción. La CEPAL y la OPS recomiendan un modelo de
cooperación, considerando imperativo robustecer la integración y los
acuerdos entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado para
formular estrategias entre múltiples actores, que cuenten con el respaldo
de amplios sectores de la sociedad. Así, se desprende que como producto de
esta articulación, el Estado contará con la legitimidad y los consensos
suficientes para poder ejercer adecuadamente la rectoría.
En términos
del Informe, en el contexto COVID-19, “el financiamiento adecuado de las
instituciones y su efectividad, transparencia y rendición de cuentas son
fundamentales para el cumplimiento de las medidas orientadas a prevenir la propagación
y contener el virus, mantener la seguridad y reconstruir”.
- Se
requiere diálogo y participación social para una convergencia integral
entre salud y economía. Relacionado
al anterior, y referido a hacer frente a la pandemia con gobernanza
participativa e intersectorial, esto es, citando el Informe: “con
espacios de participación social y de coordinación entre los diferentes
actores del Estado y de la sociedad civil”. En estos espacios, consideran debe
procurarse la visión integral y las propuestas de solución técnicas que
busquen fortalecer el acercamiento entre los distintos sectores -incluidos
salud y hacienda-, niveles de gobiernos -territorialidad-, así como con la
sociedad civil, lo cual ahonda en la legitimidad política y social del
proceso y de las medidas.
- La
promoción de la salud debe apoyarse en medidas con base empírica en todas
las fases de respuesta a la pandemia. Para ambos organismos es
importante basar las decisiones en los datos disponibles. Agregan que: “Las
medidas enfocadas en la reactivación de la economía, dependen en buena
medida de la complementariedad de las acciones de los sectores de la salud
y hacienda pública”. Lo que lleva a procurar una ponderación equilibrada
de los riesgos sanitarios y socioeconómicos en la toma de decisiones sobre
la base de la data existente. Precisa el informe que “A la hora de priorizar
en la reactivación de las actividades económicas se han de respetar los
principios de esencialidad, gradualidad y flexibilidad, en un contexto de
salud pública dinámico…. En este contexto, es vital que cada país tenga
claras sus competencias en velocidad, escala y equidad de su respuesta
ante el eventual resurgimiento de casos durante la reactivación gradual”.
Consideramos que los principios antes esbozados resultan necesarios a lo largo de la región, siendo importante dejar atrás posiciones peligrosas por su extremismo, al menospreciar la letalidad y el nivel de contagio del virus, alentando a continuar con el movimiento económico irrestricto o con bajas medidas de protección, que pongan en riesgo la vida de la población. No debe entenderse con ello, que ante las necesidades de la población y la realidad de la precariedad del empleo en la región LATAM, se sugiere la paralización de toda actividad económica, por el contrario, somos de la opinión que un manejo adecuado y prudente, puede permitir la reapertura económica con cautela y gradualidad conforme al nivel de contención del virus en cada país, permitiendo reajustes conforme a la fluctuación del virus.
[1] CEPAL (2020), citado por el Informe COVID-19 CEPAL – OPS, “Salud y Economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”, publicado en Julio, 2020.
[2] Ob. cit.
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