Participamos en este reportaje de RPP, comentando las propuestas de generar empleo a través de la inversión pública, contenida en distintos planes de gobierno en el marco de las elecciones 2021.
Blog sobre Gestión y Políticas Públicas, Sistemas del Estado, Inversión Pública, Infraestructura y Derechos Humanos.
Participamos en este reportaje de RPP, comentando las propuestas de generar empleo a través de la inversión pública, contenida en distintos planes de gobierno en el marco de las elecciones 2021.
Mucho se ha dicho sobre la importancia de cerrar las brechas de infraestructura y servicios públicos en el Perú, como un aspecto fundamental para la productividad, competitividad y el desarrollo nacional. Asimismo, importantes decisiones en materia de políticas públicas y gestión pública se han tomado, argumentando como sustento la búsqueda del cierre de brechas, por ejemplo, el reemplazo del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), que entró en vigencia en el 2017.
Sin desmerecer los esfuerzos sectoriales o avances académicos realizados en su momento, podemos afirmar que es a partir de la publicación del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) en Julio de 2019, que el Perú cuenta con una cuantificación oficial de la brecha nacional de acceso a infraestructura, estimada en aproximadamente S/. 363 mil millones. La cual, como indica el PNIC, no incluye criterios de calidad (por ejemplo: calidad del agua, el estado de la infraestructura educativa, de la cantidad de horas del servicio de electricidad, entre otros), pues de incluirlos la cifra se encontraría subestimada.
El PNIC cuenta con una lista de 52 inversiones, por S/. 99 196 millones, monto que a diciembre de 2020 asciende a S/. 114 040 millones como consecuencia de actualizaciones en las inversiones, según el Informe de Avance del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas en febrero de 2021. Consideramos que el listado de proyectos puede ser revisado atendiendo a las necesidades que en el marco de la COVID-19 se han evidenciado, por ejemplo, incluyendo proyectos en materia de salud. Sin perjuicio de lo cual, permite orientar los esfuerzos para avanzar en base de inversiones consideradas prioritarias, siendo por tanto un instrumento válido para el cierre de brechas y la reactivación económica.
En cuanto al tiempo de su ejecución, la expectativa del PNIC es lograr la ejecución al 2025 del 95% de los proyectos priorizados. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cómo mejorar el nivel de avance?, a continuación responderemos ambas interrogantes:
Basándonos en el Informe de Avance mencionado, al momento de la publicación del Plan la cartera de proyectos contaba con una ejecución financiera de S/. 12 601 millones (respecto del monto total actualizado de S/.114 040 millones), desde entonces se han ejecutado financieramente S/. 3 370 millones, que en términos porcentuales equivalen a 3.3%, pasando desde la publicación del PNIC del 11% de ejecución financiera al 14.3%. La diferencia producto de restar al monto total del PNIC, el monto ejecutado financieramente, da S/. 97 708 millones, que según el Informe de Avance equivale al 12.7% del PBI. A manera de breve paréntesis, el término “ejecución financiera” remite al monto gastado, pagado, comprometido o devengado, que no necesariamente coincide con la ejecución física de la obra, por ejemplo, en el caso de los pagos realizados o comprometidos por adelantado, de los destinados al Expediente Técnico, entre otros.
En la siguiente tabla veremos el detalle del estado de los proyectos del Plan:
De la Tabla se desprende que 6 proyectos iniciaron su ejecución, con lo cual se tendría aproximadamente el 57.6% de proyectos en ejecución. Este ritmo de ejecución se puede deber al impacto del contexto COVID-19 en la economía y en la infraestructura, a la crisis política constante que acompaña al país en los últimos años y que naturalmente impacta en la continuidad de las políticas públicas, afectando la gestión pública y la ejecución de proyectos de inversión, así como también a aspectos por mejorar en el diseño de la gestión y acompañamiento para la concreción del PNIC.
Sin perjuicio de ello, consideramos se requiere de mayor celeridad, tomando en cuenta las metas trazadas en el propio PNIC, la importancia de la ejecución de proyectos como parte del motor reactivador de la economía y la necesidad latente por el cierre de las brechas de servicios e infraestructura pública.
Los mecanismos previstos en el PNIC para concretar su ejecución involucran: 1) un seguimiento especifico, ad hoc para estos proyectos; 2) la aplicación de la metodología BIM (Building Information Modeling) y, 3) la creación de PMO’s (Project Management Office) especilizadas. Los PMO’s, junto con la liberación de interferencias y el planeamiento para la adquisición de predios, son considerados por el Informe de Avance como los grandes retos del PNIC.
Al respecto, consideramos que la clave consiste principalmente, en el seguimiento del PNIC, que debe ir de la mano con el acompañamiento integral en la gestión de los proyectos. Esto no es equivalente a hablar de PMO’s para cada Entidad involucrada, con las consecuentes posibles duplicaciones de funciones e incremento del aparato estatal que puede suponer si no se realiza con focalización y transparencia. Nos referimos al encargo del seguimiento y acompañamiento del PNIC como un objetivo integral, que sugerimos debe recaer en el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (por sus siglas, EESI) sin necesidad de agrandar más el aparato estatal. El EESI tiene competencias para el seguimiento de Asociaciones Público-Privadas e inversiones públicas que se realicen por otras modalidades (coincidiendo con la variedad de inversiones contenidas en el PNIC según su tipo de ejecución), y que precisamente se creó en el 2013 como una Unidad Especializada del Ministerio de Economía y Finanzas, para el destrabe de inversiones estratégicas, articulando con las distintas Entidades Públicas, niveles de Gobierno y actores privados.
Para ello, será importante que el EESI recupere la fortaleza y el impulso con el cual se creó, agregando presencia en los Consejos de Ministros, a fin de comunicar al más alto nivel, el estado del avance y las necesidades de articulación que cada proyecto requiere. Si bien en el poco tiempo que queda para la gestión del actual Gobierno, recomendamos adicionalmente del encargo al EESI, la focalización en unos cuántos proyectos del PNIC, cuyo destrabe dependa prioritariamente del propio Poder Ejecutivo (para reducir paralizaciones por aspectos que escapen a su controlar), en un siguiente Gobierno (con una duración esperada de 5 años), sí sería posible revisar la totalidad de proyectos del PNIC y desprender líneas de acción para el logro concadenado de metas de corto, mediano y largo plazo articulados por el EESI.
Con relación a la metodología BIM, su implementación será importante para reducir contradicciones entre los estudios de preinversión, expedientes técnicos y la ejecución de la obra, así como la ausencia de información necesaria para llevar a cabo el proyecto, que podrá traducirse en menos adicionales de obra, menos adendas, menos paralizaciones. Adicionalmente, conforme se desprende de la experiencia comparada, sus principales impactos se podrán ver durante el funcionamiento del proyecto, en términos de costos y servicios prestados con los activos generados mediante la inversión pública.
Considerando que su implementación es una tarea con hitos de mediano y largo plazo, sugerimos la concentración de los esfuerzos en contar con la estrategia nacional, anunciada desde el 2018 como “el Plan BIM Perú”, en la elaboración de los estándares BIM, así como en el desarrollo de roles BIM claros y detallados. Sin ello, no será posible su implementación adecuada. a nivel nacional. Asimismo, al tener el BIM un costo importante (en tiempos y en dinero) según el uso o usos que se le dé en cada proyecto, su aplicación debe ser focalizada, teniendo claro desde el inicio para qué vamos a requerir el BIM (esto es, ¿qué uso(s) del BIM vamos a contratar?) en los proyectos del PNIC que lo requieran. Por ejemplo, el BIM tiene usos relacionados al saneamiento físico legal, identificado en el Informe de Avance como uno de los principales retos del PNIC.
Recibimos la invitación de Elsa Nieto - blog Vence el Miedo, para grabar una nota explicando que son las Fake News y cómo detectarlas.
La Nota se encuentra disponible en el blog Vence el Miedo: https://www.facebook.com/vmtv.pe/videos/885306705563171/
Y en Youtube: https://youtu.be/w3qUYl-fgEc
Recibimos la invitación del Proyecto Voceras para dar un mensaje sobre la equidad de género en el sector Construcción, Infraestructura e Inversión Pública, con ocasión del Día Internacional de la Mujer.
Disponible en Facebook: https://www.facebook.com/ProyectoVoceras/videos/732355464120558/
En Twitter: https://twitter.com/ProyectoVoceras/status/1371100957417877511?s=20
Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, RPP Noticias nos consultó sobre la situación de las trabajadoras en el Sector Público.
La entrevista se encuentra disponible en el link:https://audioplayer.pe/podcast/informes-rpp/dia-internacional-de-la-mujer-una-lectura-desde-la-economia-7457
A lo largo de la emergencia sanitaria por la COVID-19 se vienen dictando distintas disposiciones para los servidores civiles (categoría que incluye al personal contratado en el Estado mediante los distintos regímenes de contratación vigentes), las cuales incluyen el trabajo remoto, el derecho a la desconexión digital, entre otros. Sin restar mérito a lo valioso de contar con estas disposiciones, poder determinar su nivel de cumplimiento no resulta una tarea sencilla, principalmente por la ausencia de información oficial. Si nos remitimos a lo señalado por distintos medios de comunicación, las entidades de los distintos niveles de gobierno, las habrían aplicado en distinta proporción según el criterio de cada jefe inmediato, que no necesariamente tiene en cuenta el enfoque de género (pues si las disposiciones no lo dicen y no lo supervisan, difícilmente lo aplicará).
Por ello, a la ausencia de información oficial señalada, se suma una pregunta previa, para la cual tampoco encontramos información actualizada: ¿Las entidades encargadas de emitir las disposiciones para la prestación de servicios civiles en el Estado, conocen el perfil actual de las personas que trabajan en el Estado? No nos referimos a un perfil de puesto, sino a las características y a la situación que afrontan las personas en quienes recae la regulación. Por ejemplo, en el contexto actual de pandemia y ante el inicio del año escolar, ¿Se sabe cuántos tienen a su cargo un hogar uniparental (entendiendo por tal no solo a las madres solteras, que sin duda conforman la mayoría, sino también a todas las madres o padres que se encuentran solos a cargo de sus hijos)? ¿Cuántas(os) servidoras(os) tienen hijos pequeños? ¿Cuántas(os) servidoras(os) cuentan en casa con más de una lap top y adecuado servicio de internet?
Si nos enfocamos en uno de los segmentos más vulnerables, las mujeres que tienen a su cargo hogares uniparentales, veremos que hoy 8 de marzo se escribe mucho sobre las dificultades de acceso para las mujeres a la función pública y al trabajo en el Sector Público, clasificándolas como un grupo especialmente expuesto al desempleo durante la pandemia. Pero ¿qué espacios de mejora tenemos para permitir que las servidoras civiles que ya se encuentran prestando servicios, mantengan su empleo, sobre todo si tienen hijos pequeños? Tenemos que partir por un diagnóstico.
Los últimos datos relacionados al tema, en el portal electrónico de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), corresponden a un análisis de los años 2004 al 2018. En el 2018, aproximadamente el 47.5% de servidores civiles eran mujeres, de las cuales 41.5% se encontraban en el rango de edad de los 30 a 44 años, y el 43.7% se encontraban en el ámbito rural. En general, las servidoras civiles al 2018 no se desempeñaban en cargos directivos y el 23.6% eran jefas del hogar. El dato más reciente de la publicación es del 2019, y está referido al número de lactarios en las entidades públicas; es decir, no se cuenta con datos actuales puestos a disposición pública.
La generación de información actual y su análisis no es un tema menor, más aún porque el contexto exige que las normas y disposiciones tengan en cuenta la realidad social y las necesidades de las personas, así como la importancia de implementar las adecuaciones que permitan la continuidad de los servicios a cargo del Estado. Esta ausencia de un diagnóstico, nos explica en parte el énfasis de las entidades públicas en el control de horas trabajadas, incluso si en el discurso se repiten frecuentemente palabras como “flexibilidad”. La efectividad y los resultados deben estar por encima del control de horas trabajadas (que deja de tener sentido); la modernización del Estado debe venir con un fuerte componente de inclusión y empatía, y para ello, se debe partir por conocer a las(os) servidoras(es) públicas(os). Es muy posible que en la actualidad, se trabajen más horas que antes de la pandemia, por lo que en vez de un control de horas trabajadas, se debería controlar el cumplimiento de metas o productos, junto con el respecto al derecho a la desconexión digital.
Volviendo al ejemplo del inicio del año escolar, en la mayoría de hogares del Perú, el cuidado de los hijos y su acompañamiento durante las clases recae en la madre, que al prestar servicios en el Estado, es a la vez una la servidora civil; la madre y la servidora civil, es una misma persona y el Estado no debería ignorar esta realidad. Tampoco puede dejar de lado que hoy en día, el empleo femenino reviste de especial vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia, teniendo por tanto el Estado un rol importante por evitar la pérdida del trabajo de las servidoras civiles, y en consecuencia evitar el aumento del empobrecimiento y brechas sociales para la condición de la mujer y sus hijos menores en el país.
Por tanto, es necesario que Servir, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación, entre otros, coordinen la adecuación y articulación de sus normas y disposiciones, teniendo presente en particular a las servidoras civiles con hijos en edad preescolar y escolar, a quienes el nido o colegio le piden estar junto al menor durante las clases, conectados desde su hogar, en horarios que coinciden con aquellos que en la vida previa a la pandemia, se esperaba que estén en una oficina.
Lo contrario, regular sin conocer la realidad de las personas, equivale a agrandar los porcentajes de desempleo, agravar la desigualdad en el acceso a la educación y en el nivel del servicio educativo durante la pandemia, así como ahondar en las vulnerabilidades y diferencias sociales, en perjuicio principalmente de las madres que trabajan y sus hijos pequeños, sobre todo en los hogares uniparentales.
Si bien la generación de esta información puede ser una tarea de mediano plazo, para efectos de contar con acciones concretas de corto plazo podemos sugerir, adicionalmente a la articulación señalada: 1) la emisión de lineamientos que refieran de forma específica a la inclusión del enfoque de género en la aplicación del trabajo remoto, con ejemplos claros, 2) la obligación por parte de cada Entidad Pública, de velar por el cumplimiento que cada jefe directo dé a estos lineamientos; 3) fiscalizaciones de oficio y al azar por parte de SERVIR, sin necesidad de esperar una denuncia, (sobre todo si tenemos en cuenta que los formatos puestos a disposición para denuncias en general, requieren la identificación de la denunciante, quien ante el temor de perder su trabajo, podría verse desalentada sobre todo si encuentre contratada con un régimen precario); 4) la fiscalización del cumplimiento del derecho a la desconexión sobre una muestra por niveles de gobierno; 5) Finalmente, será importante hacer públicos los resultados de las fiscalizaciones sugeridas.
(Artículo basado en la columna de la autora publicada en el Diario Gestión)
Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, fuimos invitados por el Congreso de la República a dar una breve charla sobre la situación de la mujer en la función pública y en la gestión pública, abordando el acceso a la función pública, la situación actual de las funcionarias y servidoras públicas, la importancia del aporte femenino en el diseño e implementación de las políticas públicas y en la prestación de los servicios a cargo del Estado, incluyendo la representatividad en los más altos puestos del Sector Público.
El conversatorio se encuentra disponible en: https://www.facebook.com/canalcongresoperu/videos/1398790127137248/
Servidoras civiles e inicio del año escolar
Autora: Karla
Gaviño Masías
Docente de la
Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.
A lo largo de la emergencia sanitaria por la COVID-19, se vienen dictando distintas disposiciones para la prestación de servicios de los servidores civiles (categoría que incluye al personal contratado en el Estado mediante los distintos regímenes de contratación vigentes). Las cuáles incluyen el trabajo remoto, el derecho a la desconexión digital, entre otros. Sin restar mérito a lo valioso de contar con estas disposiciones, poder determinar su nivel de cumplimiento no resulta una tarea sencilla, principalmente por la ausencia de información oficial. Si nos remitimos a lo señalado por distintos medios de comunicación, las Entidades de los distintos niveles de gobierno, habrían aplicado estas disposiciones en distinta proporción según el criterio de cada jefe inmediato.
A la ausencia de información oficial señalada, se suma una pregunta previa, para la cual tampoco encontramos información actualizada: ¿Las Entidades encargadas emitir las disposiciones para la prestación de servicios civiles en el Estado, conocen el perfil actual de los servidores?. No nos referimos a un perfil de puesto, sino a un perfil de las personas que prestan los servicios. Por ejemplo, en el contexto actual de pandemia y ante el inicio del año escolar, ¿Se sabe cuántos tienen a su cargo un hogar uniparental (entendiendo por tal no solo a las madres solteras, que sin duda conforman la mayoría, sino también a todas las madres o padres que se encuentran solos a cargo de sus hijos)? ¿Cuántas(os) servidoras(os) tienen hijos pequeños?. ¿Cuántas(os) servidoras(os) cuentan en casa con más de 1 lap top y adecuado servicio de internet?.
Los últimos datos relacionados al tema, en el portal electrónico de la Autoridad del Servicio Civil-SERVIR, corresponden a un análisis de los años 2004 al 2018. En el 2018, aproximadamente el 47.5% de servidores civiles eran mujeres, de las cuales 41.5% se encontraban en el rango de edad de los 30 a 44 años, y el 43.7% se encontraban en el ámbito rural. En general, las servidoras civiles al 2018 no se desempeñaban en cargos directivos y el 23.6% eran jefas del hogar. El dato más reciente de la publicación es del 2019, y está referido al número de lactarios en las Entidades Públicas.
La generación de información actual y su análisis no es un tema menor, más aún porque el contexto exige que las normas y disposiciones tengan en cuenta la realidad social y las necesidades de las personas, así como la importancia de implementar las adecuaciones que permitan la continuidad de los servicios a cargo del Estado. La efectividad y los resultados deben estar por encima del control de horas trabajadas (que deja de tener sentido); la modernización del Estado debe venir con un fuerte componente de inclusión y empatía, y para ello, se debe partir por conocer al servidor civil. Es muy posible que en la actualidad, se trabajen más horas que antes de la pandemia, por lo que antes que un control de horas trabajadas, debiera controlarse el cumplimiento de metas o productos, junto con el respecto al derecho a la desconexión digital.
Volviendo al ejemplo del inicio del año escolar, en la mayoría de hogares del Perú, el cuidado de los hijos y su acompañamiento durante las clases recae en la madre, que al prestar servicios en el Estado, es a la vez una la servidora civil; la madre y la servidora civil, es una misma persona y el Estado no debería ignorar esta realidad. Tampoco puede dejar de lado que hoy en día, el empleo femenino reviste de especial vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia, teniendo por tanto el Estado un rol importante por evitar la pérdida del trabajo de las servidoras civiles, y en consecuencia evitar el aumento del empobrecimiento y brechas sociales para la condición de la mujer y sus hijos menores en el país.
Por tanto, es necesario que SERVIR, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación, entre otros, coordinen la adecuación y articulación de sus normas y disposiciones, teniendo presente a los(as) servidores(as) civiles con hijos en edad preescolar y escolar, a quienes el nido o colegio le piden estar junto al menor durante las clases, conectados desde su hogar, en horarios que coinciden con aquellos que en la vida previa a la pandemia, se esperaba que estén en una oficina.
Lo contrario, regular sin conocer la realidad de las personas, equivale a agrandar los porcentajes de desempleo, agravar la desigualdad en el acceso a la educación y en el nivel del servicio educativo durante la pandemia, así como ahondar en las vulnerabilidades y diferencias sociales, en perjuicio principalmente de las madres que trabajan y sus hijos pequeños, sobre todo en los hogares uniparentales.
Publicado en el Diario Gestión, disponible en : https://gestion.pe/opinion/servidoras-civiles-e-inicio-del-ano-escolar-noticia/
RPP Noticias elaboró esta nota respecto de la rotación de Ministros, en concreto, en el caso del Ministerio de Educación. En ella, se incluy...