El Grupo "El Comercio" nos consultó sobre medidas de acompañamiento al programa Arranca Perú 2 y la situación de la inversión pública en el contexto actual. Compartimos los link donde puede encontrarse el detalle de la nota y nuestros aportes.
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Por: Karla Gaviño
Masías
La frase “I can´t breathe”
(no puedo respirar) ha sido utilizada más de una vez por afroamericanos que
fallecieron en custodia policial en Estados Unidos. “I can’t breathe”
gritó el 25 de mayo George Floyd, hombre afroamericano de 46 años, que murió por
la asfixia que le produjo la rodilla de Derek Chauvin, caucásico policía de
Minneapolis, presionada contra su cuello por más de 8 minutos.
Floyd no llevaba armas, estaba
boca abajo en el suelo, su crimen fue haber comprado cigarros con un billete
aparentemente falso. Floyd, avisó a los 4 policías que lo arrestaban por tal
hecho, que estaba recuperándose de COVID-19 y le costaba respirar. Mientras era
asfixiado, Floyd gritaba llamando a su mamá. Desde el 07 de octubre, Dereck Chauvin
se encuentra libre bajo fianza. Repito, el hombre que causó la muerte de
George Floyd, está libre. Los otros tres policías involucrados en la muerte
de Floyd, (Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao), también se encuentran
libres bajo fianza desde meses atrás. Los juicios podrían empezar en marzo del
2021.
Mientras tanto, el 22 de octubre,
el juez Peter Cahill del condado de Hennepin, que tiene a su cargo el caso, emitió
un fallo judicial manteniendo 8 de las 9 acusaciones planteadas por la Fiscalía
General de Minnesota, incluyendo la de homicidio intencional sin premeditación.
Si bien la fiscalía celebra el fallo, porque se mantienen las acusaciones casi
en su totalidad (incluidas las más graves), consideramos que la dilación de 10
meses entre la muerte de Floyd y la posible fecha de inicio del juicio,
desmerece la justicia en el proceso, más aún, produce indignación saber que
estas 4 personas se encuentran en libertad. Este tema no es menor, pues la
acción del Estado debe ser severa y oportuna, para dejar de lado cualquier
vicio o sensación de impunidad. La lentitud del sistema judicial
estadounidense, no ayuda a la erradicación del racismo y la violencia policial, ni responde a la
exigencia social de justicia.
Según la web Mapping Police
Violence, durante el 2020 la policía ocasionó la muerte de 897 personas en
Estados Unidos, el 28% de las personas asesinadas por brutalidad policial
eran afroamericanas, a pesar de ser solo el 13% de la población total del país.
Asimismo, de los casi 11 meses del 2020 que han transcurrido, solo en 14
días la policía no ha matado a una persona. Estos ratios serían similares a los
del 2019.
Movimientos como Black Lives
Matters con importante presencia social, y que se han extendido a distintos
países según su página web, son valiosos en esta coyuntura pero necesitan tener
presencia constante en la comunidad política, social y cultural estadounidense,
para llevar a las autoridades a frenar la violencia policial contra los
afroamericanos. Sin embargo, el problema requiere una política de Estado
clara para la erradicación del racismo, y la brutalidad policial, empezando
por reconocerlos, llamarlos por su nombre, identificarlos, sancionarlos
ejemplarmente, y también prevenirlos formando adecuadamente al cuerpo policial
con valores claros de igualdad y respecto de los Derechos Humanos. Ello,
debe ir de la mano con una adecuada política de prevención del crimen
acercándose a la población a través de programas sociales de ayuda (salud mental,
prevención contra las drogas, empleabilidad, entre otros), lo cual requiere
destinar (redireccionar) presupuesto de los fondos de la policía, que no es
sinónimo de quitarle recursos a la policía, sino de invertir en acciones
pacíficas que ayuden a solucionar este problema antes que en más armamento (la
policía incluso cuenta con armamento de características militares).
Las décadas pasan, el racismo y la
excesiva violencia policial continúa como un mal endémico en la sociedad
estadounidense, consecuencia de su estructura social y de la falta de acción
concreta y decidida por parte del Estado en todas sus instancias. Mientras camina
libre el hombre que causó la muerte de George Floyd, sigue vigente aquella
canción de Marvin Gaye de 1971, inspirada en un hecho de brutalidad policial en
1969, que dice: “Picket lines and picket signs, don´t punish me with
brutality. Talk to me, so you can see, what’s going on”.
Columna de opinión publicada en Análisis Efectivo el 08.11.2020, disponible en el link:
https://www.efectividat.com/post/karla-gavi%C3%B1o-racismo-y-violencia-policial-en-usa
Conversamos con Eric Franco, abogado y docente especializado en Derecho de la Construcción, sobre posibles mejoras a los expedientes técnicos de inversiones públicas, quien en base a su experiencia aporta con ideas posibles de implementar en el corto plazo y que pueden solucionar aspectos de fondo en la ejecución de la inversión pública.
Publicado en Propuesta País el 16.10.2020, disponible en el link:
Consultora especializada en Gestión Pública e Inversiones.
Docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.
En materia de inversión pública, las prácticas modernas comparadas en la región Latinoamericana y en el resto del mundo colocan cada vez mayor énfasis en las opciones colaborativas de gestión, principalmente por sus diversos beneficios en cuanto a reducción de costos y tiempos, así como en el incremento de la productividad.
Entre estas prácticas, el Building Information Modelling (BIM), es entendido como el conjunto de procesos, tecnologías y estándares que permiten a múltiples actores colaborar en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de inversiones públicas en espacios virtuales, mejorando la gestión de las inversiones públicas a lo largo del ciclo de vida, lo cual permite también la generación de información transparente y de calidad para una adecuada, oportuna y eficiente toma de decisiones.
Si bien implica un espacio de modelación gráfica en 3D, no debe confundirse con un software de modelamiento al cual se le ha sumado un poco de discurso. El BIM requiere un cambio de cultura en la inversión pública, que nos permita ver más allá de la actuación concreta de cada unidad operativa, área u oficina, en cada etapa determinada del Ciclo de Inversión, para mantener la mirada en la inversión pública en su totalidad, en sus objetivos, en los tiempos de concreción adecuados para la producción de los servicios esperados de manera oportuna. Este aspecto es de suma importancia pues tan relevante como saber para qué se necesita la obra, es saber para cuándo se necesita el servicio y con qué características.
A nivel nacional, el BIM es conocido en el mundo de la construcción peruana, principalmente en el Sector Privado y ha tenido también una aplicación a nivel de en la obra pública. Esto último se ha realizado de manera aislada, mas no como parte de una estrategia nacional para modernizar la gestión de la inversión pública. Es justamente esta estrategia nacional la clave para empezar, y por ello resaltamos la importancia de que podamos contar como país con un PlanBIM Perú, acompañado de estándares compatibilizados entre el Sector Público (que va a solicitar el uso del BIM), Sector Privado (que lo va a proveer) y la Academia (que debe ser un aliado estratégico a nivel de capacitación, inclusive desde el pregrado).
Lo expuesto, supone un claro liderazgo público, así como el constante acompañamiento para, entre otros: i) determinar en qué inversiones emplear el BIM, pues la focalización de la metodología constituye un tema clave; ii) cuál o cuáles de sus 25 usos requerir en cada caso; iii) cómo implementarlo; y, iv) cómo analizar sus resultados (proyectos piloto).
Importante será también, la elaboración de las cláusulas contractuales que permitan la implementación del BIM, por ejemplo, contar con la participación de los contratistas que elaboren el expediente técnico, así como de aquellos que a futuro se encargarán de la ejecución de la obra y sus subcontratistas, a fin de realizar el diseño y ejecución de la inversión de manera colaborativa y articulada. Asimismo, reviste de importancia la difusión de las específicas de gasto que se pueden afectar para su financiamiento.
Lima, 12 de octubre de 2020
Publicado en el portal electrónico "La Ley" de la Gestión Pública & Control - Gaceta Jurídica el 14.10.2020
https://laley.pe/art/10183/el-bim-en-la-gestion-de-la-inversion-publica
Docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.
Al igual que en muchos países de la región Latinoamericana y del Caribe, en el Perú año tras año se presentan dificultades en materia de inversión pública, principalmente en su ejecución. Al mes de setiembre de 2020, la ejecución total de los recursos anuales previstos para proyectos es de 26%. Si bien podríamos argumentar sobre el impacto de la COVID-19, lo cierto es que la ejecución es una debilidad constante en la inversión pública, y tiene un elemento clave que puede afectarla negativamente, mantenerla en el mismo estado o por el contrario, ayudarla a despegar: la gestión.
La aplicación desarticulada de los procesos de la obra pública y la ausencia de incentivos para coordinar entre los actores, se encuentran entre los principales aspectos que dificultan un adecuado manejo de las inversiones (sin perjuicio de honrosas excepciones). En este escenario, las formas colaborativas de gestionar la inversión pública, se colocan bajo el reflector como opciones novedosas para articular actores y procesos, buscando superar problemas casi eternizados durante el Ciclo de Inversión.
La falta de articulación durante las distintas Fases o etapas entre los participantes del Sector Público (que pueden ser distintas oficinas de la misma Entidad o distintas Entidades), como entre éste y las empresas contratistas, así como entre las propias contratistas (entre la empresa que elabora el Expediente Técnico y la que ejecuta la obra y/o las subcontratas), generan ausencias de información, duplicaciones e incompatibilidades de formatos, criterios, tecnologías, interferencias, entre otros, que necesitan ser armonizadas, atendiendo a los costos en tiempo y en dinero que suponen (y la afectación a la población, que no recibe los servicios oportunamente).
Entre estas opciones colaborativas, se encuentra el Building Information Modelling (por sus siglas, BIM), entendido como el conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten a múltiples actores colaborar en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de inversiones públicas en espacios virtuales. Tiene por objetivo facilitar el diseño y la gestión aportando un modelo tridimensional inteligente, con información gráfica y no gráfica, en un entorno común y colaborativo, generando nueva información de calidad para una toma de decisiones transparente y eficiente. El BIM es una metodología de gestión basada en la colaboración, que no debe ser confundida con el manejo de un software de modelamiento de infraestructura, pues sin perjuicio de la importancia de estas herramientas, va más allá de ellas, e implica necesariamente un cambio cultural entre los actores de la inversión pública, sin lo cual el BIM nos quedará grande.
En la experiencia comparada, se utiliza en distintos países, resaltando en América del Sur la experiencia Chilena. En el Perú, no es extraño en las construcciones del sector privado, e inclusive se ha empleado en obras públicas realizadas de forma aislada, mas no como parte de una estrategia que involucre la modernización de la obra pública peruana. Conforme a las normas específicas en la materia con las que cuenta el Perú (el Decreto Supremo N° 289-2019-EF y la Resolución Directoral N° 003-2020-EF/63.01), el BIM puede ser empleado en las inversiones públicas de infraestructura o con componente de edificación, de las Entidades y Empresas públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), durante cualquier Fase del Ciclo de Inversión.
Para la implementación del BIM, será importante contar con: i) el Plan BIM Perú que aporte una estrategia nacional integrada y articulada con el Sector Privado (principalmente con los contratistas) y la Academia (que deben ser aliados en la capacitación y difusión de la metodología); ii) estándares BIM, elaborados sobre la base de éstas interacciones, que clarifiquen la información a solicitar por las Entidades Públicas y sus características, y que por tanto, deberá proveer el Sector Privado; iii) el liderazgo del rector o de una Entidad específica para conducir la estrategia y su implementación, incluyendo su acompañamiento para la aplicación progresiva acompañada y focalizada del BIM (que tiene 25 usos, aplicar cada uno tiene un costo en dinero y tiempo, siendo importante identificar para qué se quiere el BIM en cada inversión); iv) proyectos pilotos con asistencia técnica que permitirán, a su vez, identificar los tipos de inversiones donde será recomendable iniciar su implementación, las mejoras para futuras inversiones y contar con insumo práctico para el desarrollo de guías metodológicas.
Finalmente, lo expuesto debe ir acompañado de la revisión de las normas que regulan las contrataciones públicas, así como de recomendaciones de cláusulas colaborativas en los contratos, y sobre todo, de una capacitación constante que acompañe el cambio de visión que el BIM implica.
