Autora: Karla Gaviño[1]
En
el actual contexto del levantamiento oficial de la cuarentena es importante que
el Sector Público y el Sector Privado, comprendan a cabalidad que continúa el
Estado de Emergencia Sanitaria hasta Setiembre, y que el Covid-19 no ha
disminuido su facilidad de contagio ni su letalidad. Así, el virus continúa entre
nosotros, y no hay vacuna contra él, por tanto las medidas de prevención y protección
son ahora, más que nunca, urgentes. Como parte de este contexto, es altamente
importante mantener el trabajo remoto como mecanismo principal y prioritario
para la prestación de servicios. Ello, permitirá a los empleadores actuar con
responsabilidad al requerir que asistan presencialmente al centro de trabajo, únicamente
las personas necesarias para determinadas tareas concretas, que no puedan ser
realizadas de manera remota, y que resulten además esenciales, por el tiempo exclusivamente
necesario para cumplir con dicha tarea.
Lo
expuesto, por más evidente que resulta para muchos, aparentemente no estaría
siendo comprendido así en distintos ámbitos, y esto es preocupante en un país con
cifras de contagios y fallecidos por COVID-19 que lo colocan entre los más
afectados a nivel mundial por el virus, siendo por tanto, imprescindible que sus
líderes empresariales y Entidades Públicas estén hoy completamente
comprometidos con la salud y protección de su personal, porque vamos… es una
pandemia y estamos en emergencia sanitaria.
Centrándonos
en el ámbito público, el “chip presencial” conlleva al riesgo de dejar de lado,
que los servidores civiles son también personas que afrontan los efectos de la
pandemia, muchas de ellas con familia que en su conjunto han visto mellados sus
recursos (e incrementado sus deudas), que son también usurarios del transporte
público, que probablemente tengan niños pequeños o adultos mayores u otras
personas en condición de población vulnerable viviendo en casa, y por tanto susceptibles
de contagiarse y contagiar a sus familiares de Covid-19. Este riesgo se acrecienta
entre los servidores civiles contratados mediante las modalidades de CAS o recibos
por honorarios, porque mientras más precaria es la contratación o de más fácil
remoción, la exigencia tiende a ser mayor, es una relación casi inversamente
proporcional frente a contrataciones con regímenes “más estables” (lamentablemente,
esta disparidad en gran parte se debe a que aún se encuentra en tránsito el
Régimen del Servicio Civil, para cuya implementación se requiere de un
importante apoyo político en los distintos poderes del Estado y niveles de
gobierno).
En
este contexto resulta relevante escuchar al Rector del Sistema Administrativo
de Gestión de Recursos Humanos, SERVIR, exhortando a los titulares de las
entidades públicas a mantener el teletrabajo en el marco de la nueva normalidad
o nueva convivencia, ésta en la cual convivimos con el COVID-19, pero aún sin vacuna.
Ello, conversa con la normativa aprobada por el Poder Ejecutivo que prioriza la
modalidad de trabajo remoto. En palabras del Titular de Servir “Las entidades
han habilitado canales telefónicos, aplicaciones en donde se pueden realizar las
consultas en línea o mediante el envío de correo electrónico, y también se han
habilitado mesas de partes virtuales. Eso es bien importante porque las personas
ya no tienen que presentar cosas en físico, sino que las escanean y las remiten
a las entidades”[2].
No extraña este pronunciamiento de SERVIR,
pues según las cifras que ha dado a conocer, en el Perú tenemos 1 millón 400
mil servidores, de los cuáles más de 600 mil pertenecen únicamente a la parte
administrativa (esto es, sin contar a policías, militares, personal de atención
médica y otros de primera necesidad).
Pensar
en el retorno a una modalidad presencial de este gran número de trabajadores,
tendría un gran impacto en medios de transporte y en el nivel de contagios, por
ejemplo. Después de todo, muchas entidades tienen más de 100 días funcionando mediante
el teletrabajo, incluyendo el trabajo remoto realizado fines de semana y
feriados, vale la pena entonces preguntarse: ¿Qué tanto podrán las Entidades
Públicas dejar de lado el “chip presencial”, y evitar requerir el retorno físico
de personal que puede desempeñar sus labores de forma remota o mixta (esto es,
mezclando días de teletrabajo con días presenciales para tareas puntuales)?. La
respuesta la tendremos en los próximos días.
[1]
Las expresiones contenidas en el presente artículo constituyen la opinión
personal de la autora.
[2] Declaraciones
de Juan José Martínez Ortiz, Presidente Ejecutivo de SERVIR para Radio Nacional
el 28.06.2020. Disponible en el link: https://bit.ly/3dQPZz7
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