¿Cuándo ocasionar la muerte de peruanos dejó de ser un delito?

 

Autora: Karla Gaviño

Docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

 El 23 de enero de 2020, una noticia sacudió al Perú, un camión cisterna que transportaba GLP tuvo un impacto contra un desnivel en Villa El Salvador, rompiéndose una válvula que permitió el escape del gas. En consecuencia, fallecieron 33 personas, los heridos ascendieron alrededor de 50, siendo 26 de ellos de estado grave, y muchas familias vieron sus viviendas y negocios perdidos o seriamente afectados.

 Según las noticias de aquellos días, la deflagración se debió a la negligencia del conductor, padre del dueño de la empresa propietaria del camión cisterna, y a que ésta última, además, no habría cumplido con las medidas de seguridad exigibles para el transporte del combustible.  En setiembre del 2020, la Contraloría anunció haber encontrado presuntas responsabilidades penales en algunos funcionarios.

 Un año después, nadie ha ido a la cárcel ni ha recibido sanción penal alguna por este hecho. ¿En algún momento ocasionar la muerte de decenas de peruanos, dejó de ser un delito?. No, con o sin premeditación (doloso o culposo), según el Código Penal peruano, lo sigue siendo. Podrán haber distintas responsabilidades adicionales, civiles y administrativas inclusive, pero existe un delito que no se ha sancionado, y tampoco se percibe la efectividad del Estado para responsabilizar y sancionar. Recientemente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento anunció haber atendido a casi a la totalidad de los vecinos cuyas viviendas fueron dañadas, de ser así, se podría hablar del esfuerzo del Sector, que lentamente habría avanzado. Sin embargo, ¿qué pasa con los muertos y heridos?, ¿dónde está el(los) responsable(s) de la pérdida de tantas vidas?. El Estado, a través de sus distintas instancias involucradas (Ministerio Público, Poder Judicial), ha fallado en esta tarea.

 En todo Estado de Derecho, es necesario contar con instituciones que gocen de legitimidad ante la población por su actuar acorde a la Constitución, a las leyes y al ordenamiento jurídico. Este actuar debe ser objetivo, oportuno, eficiente, debiendo tener al individuo así como al respeto y a la protección de sus derechos, como el centro de su accionar. El Estado de Derecho necesita de normas conocidas y predecibles, necesita también de autoridades que las apliquen debidamente en el ejercicio de sus funciones, lo cual incluye ejercer esas funciones a tiempo.  

 Esto no es menor en el Perú, que se define como un Estado social de Derecho, y que empieza su propia carta constitucional señalando que la persona es el fin supremo del Estado (artículo 1 de la Constitución Política de 1993), y cuyo aparato estatal no parece entender que la legitimidad se ve afectada si las instituciones públicas fallan constantemente en el cumplimiento de sus funciones, sobre todo en temas tan delicados como impartir justicia. La excesiva lentitud operativa, al igual que la impunidad, trae consecuencias negativas que incluyen la desconfianza, la pérdida de credibilidad y de valoración de la institucionalidad pública. En el caso del Ministerio Público, la demora en acusar prolonga los daños ocurridos y generan daños adicionales; en el caso del Poder Judicial, estamos ante una institución cuyas conocidas debilidades para responder oportunamente afectan la confianza de los individuos en recibir justicia por parte del órgano jurisdiccional.

 Que nadie se olvide y que a todos nos indigne, que la justicia no llega para los familiares de los muertos en Villa El Salvador. Casos como éste nos demuestran la precariedad de nuestra institucionalidad pública, y nos alarman al pensar en todos los casos que, sin tener la notoriedad que tuvo esta tragedia, siguen impunes en las sombras.

Publicado en el Diario El Comercio, disponible en el enlace: https://elcomercio.pe/economia/dia-1/a-un-ano-de-la-deflagracion-en-villa-el-salvador-cuando-ocasionar-la-muerte-de-peruanos-dejo-de-ser-un-delito-noticia/

Medidas para mejorar la ejecución de la inversión pública en el 2021

 

Tuvimos el gusto de participar en la edición 13 de la Gestión Pública & Control - Gaceta Jurídica, dedicada al presupuesto público en el 2021, con un artículo especializado analizando los motivos de las paralizaciones y retrasos en la ejecución de la inversión pública, sugiriendo medidas para contribuir a la mejora de las inversiones en el 2021.

Pueden acceder a la publicación en  https://gestionpublicaycontrol.com.pe/

Presencia de la mujer en directorios de empresas públicas

 

Autora: Karla Gaviño

El fomento de la presencia femenina en los directorios de las empresas, continúa siendo un tema con un largo camino por andar, y no precisamente por ausencia de mujeres profesionales que puedan ocupar estas posiciones, sino por la falta de oportunidades equitativas para el acceso al liderazgo de las empresas. Si en el sector privado, aún se habla de la importancia de incrementar la participación femenina, de procurar la implementación de políticas que permitan el acceso de la mujer a posiciones de mando y dirección de las Empresas, en la actividad empresarial del Estado, la participación femenina y la importancia dada a la misma es mucho menor.

 Tomemos como ejemplo el caso de la Corporación FONAFE, que abarca a 35 empresas y entidades públicas. Si revisamos la información pública disponible, veremos que la conformación de los directorios de estas empresas y entidades cuenta prioritariamente con presencia masculina, inclusive, se tienen directorios sin participación femenina.  

 Así, del análisis de la información publicada en el portal electrónico de FONAFE a inicios de diciembre de 2020, tenemos que de 34 empresas y entidades públicas (dejando de lado a Essalud), los directorios de 15 empresas están conformados únicamente por hombres (CORPAC. S.A., EGEMSA S.A, EGESUR S.A, ELECTRO ORIENTE S.A., ELECTRO SUR ESTE S.A., ELECTRO SUR S.A., ENACO S.A., SAN GABÁN S.A., SEAL S.A., SERPOST S.A., PERUPETRO S.A., FAME S.A.C., SIMA PERU S.A.C., SIMA IQUITOS S.R.L Y SEMAN S.A.).  

 Mientras que en otras 15 empresas la presencia de mujeres en los directorios es minoritaria. La diferencia es tal que en 7 de ellos, incluyendo al Grupo Distriluz, la proporción es de 1 directora ante 5 o 4 directores varones. Estas cifras crecen si tenemos en cuenta que el directorio del Grupo Distriluz representa a 4 Empresas, con lo cual realmente son 18 empresas con presencia minoritaria de mujeres en sus directorios, siendo que en 10 de ellos, la diferencia es de 1 directora frente a 5 o 4 directores varones.

 Únicamente, el Fondo Mi Vivienda figura con igual cifra de directores hombres y mujeres. Ningún directorio se encuentra conformado principalmente por mujeres. Sin duda, la actividad empresarial del Estado presenta diversos espacios de mejora para la inclusión de políticas de equidad, incluyendo el incremento de la participación de la mujer en la conformación de sus directorios y en la toma de decisiones.

Disponible en: Diario Gestión https://gestion.pe/opinion/presencia-de-la-mujer-en-directorios-de-empresas-publicas-noticia/

Especial: Lo bueno, lo malo y lo feo de la Administración Pública en el 2020

Recibimos la invitación de Gestión Pública & Control - Gaceta Jurídica, para participar en el Especial "Lo bueno, lo malo y lo feo de la Administración Pública en el 2020" del Portal La Ley, para comentar los aspectos positivos, negativos y las oportunidades de mejora que nos dejó el 2020 en materia de inversión pública. 

El especial, se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://laley.pe/art/10483/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-de-la-administracion-publica-del-2020

 

Liderazgo BIM para la inversión pública

 

Liderazgo BIM para la inversión pública

 

Autora: Karla Gaviño Masías

Docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

Las transformaciones digitales son procesos constantes de cambio, que deben contar con un apoyo al más alto nivel de cada Entidad (compromiso Top-down), y que en el Building Information Modeling (BIM) para la inversión pública, requiere también un empoderamiento de la Entidad, Programa o Dirección encargada de liderar la estrategia nacional para su implementación. Podemos hablar así del liderazgo del BIM, como el liderazgo de la estrategia nacional de cada país, y como el liderazgo a la interna de cada Entidad Pública o Sector. En esta columna, nos enfocaremos en el liderazgo de la estrategia nacional.

Existen distintos modelos a lo largo de la región Latinoamericana y del Caribe para el liderazgo de la estrategia nacional BIM en cada país. Por ejemplo, en Chile el BIM se encuentra liderado por el PlanBIM, que es un Programa de Corfo con una duración de 10 años, dedicado a liderar el proceso de aplicación del BIM en el país; es decir es una organización con una misión especializada en materia de BIM para la inversión pública. Por otro lado, en el Perú el BIM se encuentra liderado por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya labor principal es ejercer la rectoría de la inversión pública, y que tiene el mandato de elaborar un documento denominado “Plan BIM”, que contendrá la estrategia nacional del BIM y que será aprobado y publicado mediante una norma.

Así, las denominaciones podrán ser similares (ambos países utilizan el término “Plan BIM”), pero se trata de una distinta organización para el liderazgo de la estrategia BIM. En un esquema se optó por un Programa u organización como una misión ad hoc específica y especializada en la materia, mientras que en otro se optó por un documento orientador (que entendemos deberá ir de la mano con acciones diversas de capacitación y acompañamiento), elaborado por el rector de la inversión pública. 

Somos de la opinión que lo ideal es una Entidad o Programa específico que lidere la estrategia nacional del BIM, antes que una dependencia que cuente adicionalmente con otras tareas cuyo día a día pueda llevar a rezagar esta labor, ello atendiendo a que en la región LATAM la inversión pública, la infraestructura y la construcción vienen en caída desde antes de la pandemia, habiéndose acrecentado ello durante el presente año.

En el contexto económico actual peruano, con una potencial segunda ola de la COVID-19, y con un objetivo trazado de lograr el crecimiento de la inversión pública en la ambiciosa cifra del 20% durante el 2021, sería entendible e incluso recomendable, que los esfuerzos se encuentren canalizados a acciones concretas de corto plazo para impulsar la inversión pública. A lo expuesto, se suma el contexto de transición del gobierno actual, que habiendo asumido recientemente el mando del país, tendrá una gestión aproximada de 7 meses, atendiendo a las elecciones del 2021 y cambio de mando.

En ese sentido, la apuesta peruana de tener el liderazgo del BIM en la rectoría de la inversión pública, nació asumiendo el reto de que el día a día no sea un óbice para el avance en los tiempos esperados, y quizá ello se encuentra relacionado a que habiendo transcurrido cerca de 1 año y medio de encontrarse previsto el Plan BIM en el Plan Nacional para la Competitividad y Productividad, aún no se cuenta con el mismo aprobado y publicado. A este reto de origen, por así denominarlo, se le suma el reto del contexto político y de la COVID-19.

Sin perjuicio de ello, es importante que la visión innovadora que inspiró la inclusión del BIM en el referido Plan se mantenga, dada la importancia de los aportes que puede generar el BIM al sector construcción y a la infraestructura pública, conlleva a que no pueda postergarse la continuidad de los pasos avanzados y de las metas planteadas. Ante ello, es importante la hoja de ruta de implementación del BIM recientemente publicada, que prevé con ambición su aplicación a todas las inversiones públicas de infraestructura o con componente de edificación para el 2030. Asimismo, será importante lograr elaborar el referido Plan BIM, es decir, contar con la estrategia nacional a implementar (respecto de la cual se han anunciado algunos avances), en paralelo a los proyectos piloto que pueden brindar información e insumo para otros hitos necesarios, como son los estándares BIM. También reviste de importancia una clara definición de roles BIM. Consideramos que los esfuerzos en el corto y mediano plazo en materia de BIM, deben centrarse en ello, a fin de ver caminar su aplicación en la inversión pública peruana con bases claras y sólidas para todos los participantes.

Todo ello, a nuestro criterio se debe realizar en alianza con la Academia y el sector privado, antes de solicitar la aplicación del BIM a entidades públicas que aún no cuentan con los instrumentos adecuados para su aplicación, siendo importante que el líder del BIM, oriente en ese sentido a todos los Sectores que elaboren inversiones públicas con participación los Gobiernos Regionales y las Municipalidades, evitando generar exigencias técnicas que a estas alturas aún no podrán ser cumplidas.

 Dic. 2020

Columna de opinión publicada en América Economía, el 07.01.2020 Disponible en el link:  https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/liderazgo-bim-para-la-inversion-publica