100 días del Gobierno de Sagasti: ¿Cuáles son los desafíos en infraestructura e inversión pública?

 

Autora: Karla Gaviño Masías

Profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico

Un gobierno de 7 meses tiene en su duración una primera limitante cuando se trata de infraestructura e inversión pública, pues la sola formulación de los estudios técnicos para implementar un proyecto puede demorar todo el gobierno. No obstante, su principal contribución, darse en 2 elementos claves: la identificación adecuada de inversiones y la gestión.

 Al respeto, en estos 100 días, se realizaron esfuerzos para identificar 3 principales proyectos de envergadura en ejecución (paralizada o lenta) en los cuales canalizar los esfuerzos de destrabe, anunciados por el Ejecutivo: Majes Siguas II, Chavimochic y Alto Piura. Si bien es importante la claridad de la importancia en focalizar, también lo es una correcta identificación de los proyectos que canalizarán estos esfuerzos. En líneas generales el destrabe de los proyectos señalados no depende ni única ni principalmente de acciones que pueda llevar a cabo el Poder Ejecutivo solo, pues implican temas de mercado (identificar un postor para Chavimochic), temas de coordinación entre niveles de Gobierno (Majes Siguas II y Alto Piura), así como la revisión del aspecto técnico en los tres casos. En ese sentido, resultará complicado que veamos grandes avances en los proyectos seleccionados, con excepción quizás de Majes Siguas II que siendo el más avanzado en destrabe, continua necesitando mucha capacidad de gestión y articulación.

En materia de inversión pública, se ha ejecutado el 2,4% de los recursos previstos para inversiones en el 2021, cifra ligeramente mayor a la de enero 2020, no obstante, equivale al 56% de la meta de ejecución presupuestal prevista por los 3 niveles de gobierno para enero. Ante esto, es importante el anuncio del Gobierno, de apoyar la ejecución a través de incentivos. Será también importante su implementación pronta, transparente, con orientaciones simples y claras.

Finalmente, llama la atención que no se prioricen con mayor énfasis las inversiones públicas pequeñas que no requieren de proyectos de inversión (conocidas como IOARR) en los 3 niveles de gobierno, que incluyen por ejemplo la adquisición de plantas de oxígeno (según la Programación Multianual del Inversiones del Estado 2020-2022, solo el 9% de las inversiones previstas constituyen IOARR). Si bien su priorización e inclusión no depende del Ejecutivo, éste puede brindar la orientación y el apoyo técnico a las entidades públicas correspondientes.

Publicado en Diario Gestión, disponible en el link: https://gestion.pe/opinion/100-dia-del-gobierno-de-sagasti-cuales-son-los-desafios-en-infraestructura-e-inversion-publica-noticia/

Vacunagate e institucionalidad

 

Autora:  Karla Gaviño

Profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

El escándalo del privilegio en la vacunación de personas no relacionadas con la primera línea de atención ante la COVID-19, que se ha destapado en el Perú durante los últimos días, denominado “Vacunagate”, cuestiona al país, en el momento en que más necesitamos los peruanos poder confiar y ver autoridades que actúen con transparencia.

Esto dista de ser un tema menor, cómo algunas personas involucradas han insinuado en medios. El solo hecho del acceso privilegiado y a escondidas, a un bien escaso que reviste de interés público, que ingresó al país únicamente con autorización pública y que tenía la posibilidad de salvar la vida de personas que día a día están en exposición directa con la COVID-19 (como son el personal médico de las UCI y los policías), genera ya cuestionamientos éticos y legales. A esto le sumamos, que altos funcionarios del Estado se vieron beneficiados por una ola de vacunas a lo largo de distintos meses, lo que nos lleva a pensar cómo quedan las instituciones al ver a sus máximos representantes involucrados y el impacto social que conlleva.

El Perú es un país que no se caracteriza por tener instituciones sólidas ni en el sector público ni en el privado, por el contrario, basta revisar los informes del INEI sobre la percepción ciudadana en la materia, para tener claro que casi la totalidad de instituciones por las que se consulta, no gozan de la credibilidad de la población. La construcción de esa institucionalidad es un gran espacio de mejora y reto constante, que en contextos de crisis como el que estamos viviendo, brinda la oportunidad de fortalecer el vínculo con la población a través de la generación de confianza, con un actuar eficiente, solidario, responsable, consecuente y, sobre todo, transparente.

En el Estado, los principios que rigen el actuar de la administración pública implican el respeto a las normas vigentes, a la transparencia, al proceder evitando los conflictos de intereses, entre otros. La administración pública, al ejercer sus funciones y prerrogativas en el marco del interés general, debe colocar a los ciudadanos en el centro de su accionar. Es por ello que los servidores públicos no deben poner en tela de juicio su gestión aprovechando la posición que ostentan, ni comprometer la transparencia en su proceder. Cuando ello sucede, a nivel de los más altos funcionarios y de forma continua, las instituciones públicas pueden verse cuestionadas. La acción rápida correctiva es determinante para evitar que el descontento ante las autoridades, se vuelva un descontento ante la institución que representan.

El Vacunagate llega en el momento más duro, en medio de una segunda ola de la crisis sanitaria más dramática que ha vivido el país, enardeciendo más aún las constantes tensiones políticas y sembrando más desconfianza en la población. Frente a ello, la reacción rápida de las autoridades públicas es clave, y han sido pasos importantes el deslinde, la solicitud de investigaciones, el rechazo expresado públicamente; será igual o más importante la pronta fiscalización y sanción de responsables.

Publicado en América Economía, disponible en el link:

https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/vacunagate-e-institucionalidad

Inversión Pública con enfoque de género

 Inversión Pública con enfoque de género

El cambio necesario para invertir en equidad

Autora: Karla Gaviño

Escuchamos en distintos medios declaraciones sobre la importancia de la inversión pública para impulsar la reactivación económica nacional. Ello ha puesto en los radares del quehacer público económico la búsqueda de alternativas para mejorar su ejecución y sus porcentajes de crecimiento, lo cual resulta válido y necesario. No obstante, la pandemia ocasionada por la COVID-19 nos deja distintas lecciones respecto de la relación entre la economía y lo social, entre las cifras y cómo vive la gente.

No es gratuito que en plena segunda ola, en medio de todas las preocupaciones sanitarias, sean temas importantes la inversión pública y el otorgamiento de bonos, ambos con contenido económico y repercusión social. En respuesta, desde la inversión pública no se puede seguir repitiendo la misma fórmula, se deben buscar mecanismos que incluyan adecuadamente a la población en los servicios que genera.

Es larga la lista de los aspectos que no se condicen con la fortaleza macroeconómica del Perú en las últimas décadas, como el sistema de salud, la informalidad, la falta de acceso al sistema financiero, la desigualdad en el acceso a la educación, la violencia doméstica, así como la ausencia de un adecuado enfoque de género en la gestión y políticas públicas, que ha contribuido a que las mujeres se encuentren entre los grupos más afectados económicamente por la pandemia.

Sobre este último aspecto, consideramos que el enfoque de género es fundamental para fomentar un verdadero cambio en la inversión pública y en sus repercusiones en la calidad de vida de la población. Suena un poco extraño, pues al hablar de inversión pública tradicionalmente nos viene a la mente una construcción u obra, pero desde hace varios años se dejó de equiparar (al menos conceptualmente), a las inversiones públicas con fierro y cemento, para fomentar la inclusión de aspectos relacionados con el servicio, investigación, tecnología, medio ambiente, entre otros.

Más sorpresivo será que afirmemos el fomento del enfoque de género en la inversión pública desde tiempos del derogado Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que fue reemplazado por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), vigente desde el 2017. Lamentablemente, no ha tenido una adecuada continuidad y difusión (salvo valiosas excepciones), existiendo un importante espacio de mejora.

Entre los esfuerzos realizados, destaca el aporte de la ONU Mujeres en el 2011, con el Artículo Especial: El enfoque de género en los proyectos de inversión pública, según el cual en los primeros 10 años del sistema de inversión pública (del 2001 al 2011), solo se declararon viables 337 proyectos orientados al enfoque de género, mujer, igualdad de oportunidades y protección de niños y niñas (51 del gobierno nacional, 88 de los gobiernos regionales y 198 de los gobiernos locales). Recomendable sería contar con un buen diagnóstico oficial similar, puesto a disposición pública, que evidencie lo ocurrido durante los siguientes 10 años, del 2011 al 2021.

Ante la ausencia de esta información, tomaremos cifras recientes. El Programa Multianual de Inversiones del Estado 2020-2022 es el documento elaborado por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (rector del Invierte.pe), que agrupa las programaciones de las entidades y empresas de los tres niveles de gobierno sujetas a este sistema, para los años 2020, 2021 y 2022. Las funciones priorizadas por los tres niveles de gobierno son: transporte 17%, educación 19%, saneamiento 22%, agropecuaria 6%, salud 4%, y otros con 32%.

No se encuentra una función que remita directamente a inversiones orientadas al enfoque de género, mujer, igualdad de oportunidades y protección de niños y niñas. Lo afirmado, no implica que en algunos proyectos de las funciones priorizadas no se pudieran encontrar presentes elementos de análisis con enfoque de género, lamentablemente no existe una herramienta puesta a disposición pública para extraer reportes al respecto.

Analicemos lo gastado en el 2020. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha referido a la violencia familiar como una ´pandemia’ adicional a la COVID-19, veamos entonces la ejecución de la categoría presupuestal 0080: Lucha contra la violencia familiar.

Según la consulta amigable del MEF, los gobiernos locales ejecutaron el 47.8% de los recursos previstos, el gobierno nacional el 70% (la mayoría de inversiones consisten en remodelaciones de oficinas), y los gobiernos regionales el 100%. Sobre esto último, ese 100% consistió en el pago de un expediente técnico. Dicho con claridad, en el 2020 de todos los gobiernos regionales del Perú, solo uno de ellos gastó dinero destinado a inversión pública contra la violencia familiar, financiando un expediente técnico.

La lucha contra la violencia familiar requiere de un importante componente de gestión y de acciones que no constituyen gasto de inversión. Mas en materia de inversión pública, la capacidad para elaborar y ejecutar inversiones con esta finalidad no se ajusta a lo que necesita el país. Más allá de declaraciones mediáticas, se requiere decisión y liderazgo, fortalecer las capacidades técnicas, retomar y difundir la importancia del enfoque de género en la inversión pública articulando entre los distintos actores.

Si volvemos al artículo especial de ONU Mujeres, encontraremos entre las sugerencias para incluir el enfoque de género en la inversión pública la importancia de realizar las siguientes preguntas: ¿Cómo se puede facilitar el acceso de las mujeres a la información y a los recursos que ofrece el proyecto? ¿De qué manera se puede garantizar que las mujeres, al igual que los hombres, se beneficien de las acciones del proyecto? ¿Qué tipo de metodología tendría que adoptar la unidad formuladora para realizar diagnósticos más participativos? ¿Cómo se puede evitar que el proyecto sobrecargue aún más la jornada de las mujeres? ¿Cómo se puede fomentar la participación de la comunidad, especialmente de las mujeres, en la toma de decisiones, la ejecución del proyecto y el control de los beneficios generados?

Para ponerlo en práctica, ONU Mujeres da algunos ejemplos concretos: formular proyectos realizando consultas a diferentes grupos poblacionales; generando y analizando bases de datos con información desagregada por género; hacer proyectos que incentiven la propiedad de los recursos de forma igualitaria a fin de que tanto mujeres y hombres puedan ser sujetos de crédito; hacer proyectos que fortalezcan las relaciones con las organizaciones sociales de base y que estimulen las iniciativas que demuestren transversalización del enfoque de género. En general, hacer proyectos con participación de mujeres tanto en la identificación, formulación y evaluación, como en su ejecución.

Consideramos que la inversión pública de calidad es aquella que cubre adecuadamente la necesidad identificada, en los tiempos previstos y con las condiciones esperadas, generando el mayor impacto social con su implementación. Esto último, solo se logrará incluyendo adecuadamente a la población y a sus necesidades, lo que implica aplicar correctamente el enfoque de género. Será importante contar con un diagnóstico oficial sobre las inversiones con enfoque de género a la fecha, y con herramientas de datos abiertos que permitan su adecuada revisión por parte de la opinión pública

Publicado el La Mula, disponible en: https://karlagavino.lamula.pe/2021/02/09/inversion-publica-con-enfoque-de-genero/karlagavino/

La Evaluación Presupuestaria

 

Autora: Karla Gaviño

Karla Gaviño: “La correcta aplicación de las evaluaciones independientes permiten un análisis objetivo del diseño gestión, desempeño y resultados en una intervención pública, permitiendo generar aprendizajes, alimentar las decisiones de asignación de recursos públicos y fomentar la transparencia en el proceso de toma de decisiones presupuestales y de gestión”.

I. INTRODUCCIÓN

 

Los Sistemas Administrativos del Estado tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficiencia y eficacia en su uso.  Estos Sistemas, se encuentran previstos en el artículo 46° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, entre los cuales se incluye al Sistema Nacional de Presupuesto Público.

 

II. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

 

En concordancia con ello, el Sistema Nacional de Presupuesto Público regula el proceso presupuestario, encontrándose compuesto por distintas fases concadenadas, que deben articularse adecuadamente para el logro de sus objetivos.

 

1. Fases del proceso presupuestario

 

Las fases del proceso presupuestario son: Programación Multianual, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria. Conforme al artículo 55° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, esta última fase, “(…) es el análisis sistemático y continuo del desempeño en la gestión del presupuesto y en el logro de los resultados prioritarios y objetivos estratégicos institucionales, con el propósito de contribuir a la calidad del gasto público (…)”. Así, la fase de evaluación presupuestaria comprende el seguimiento y la evaluación.

 

2. La evaluación presupuestaria

 

Las evaluaciones en esta fase se definen como el análisis de la efectividad de las intervenciones respecto del resultado esperado, de la eficiencia asignativa, de la eficiencia en la provisión de los servicios, y de la eficiencia de los procesos de soporte críticos. El Decreto Legislativo referido dispone que la Dirección General de Presupuesto Público realiza las evaluaciones independientes, de forma directa o tercerizada (esto es, a través de personas naturales o jurídicas), para lo cual debe aprobar los tipos de evaluaciones, fases y especificaciones técnicas a aplicar, con base en los siguientes criterios: i) oportunidad en la generación de la información para la toma de decisiones; ii) calidad técnica y; iii) transparencia. Al tratarse de una aprobación realizada directamente por la Dirección General en el marco de la rectoría que ejerce sobre el sistema presupuestario, corresponde emplear una Resolución Directoral.

 

La retroalimentación respecto del diseño y los resultados de las evaluaciones independientes, reviste de importancia para la mejora de los procesos, por ello se comparten y discuten con las Entidades involucradas. Sobre este punto, es importante tener presente que las recomendaciones y conclusiones, producto de la aplicación de las herramientas de evaluación presupuestaria que realiza la Dirección General de Presupuesto Público, deben ser consideradas en el proceso presupuestario. El carácter prácticamente mandatorio de las “recomendaciones” y conclusiones, también encuentra su explicación en la rectoría antes señalada.

Un elemento importante es el reconocimiento del carácter público del diseño metodológico y de los resultados de las evaluaciones independientes, lo cual fomenta la transparencia y el accountability por parte de la población en el manejo de los recursos. Este reconocimiento, no queda en una simple afirmación, pues va de la mano con la obligación de ponerlos a disposición pública, mediante los portales electrónicos del Ministerio de Economía y Finanzas y de las Entidades que participan en las intervenciones evaluadas, para que todas las personas puedan acceder a su revisión.

 

III. EVALUACIONES INDEPENDIENTES PARA EL 2021

 

El primer cronograma de evaluaciones independientes del 2021, ha sido publicado recientemente, el 27 de enero de 2021, mediante la Resolución Directoral N° 0003-2021-EF/50.01, de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, abarcando intervenciones que recaen en 5 intervenciones cuyas temáticas revisten de especial importancia social: el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; la Reforma Magisterial; las Intervenciones para reducir la violencia contra la mujer; el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia; y, el Gasto en equipamiento, medicamentos y otros insumos médicos. Dicha norma cumple con indicar los tipos y fases de evaluación, conforme se desprende del siguiente recuadro:

 

 

Al permitir la retroalimentación con las Entidades que participan de las intervenciones, la correcta aplicación de las evaluaciones independientes podría contribuir al aprovechamiento espacios de mejora e, inclusive, otras intervenciones similares podrían adoptar las recomendaciones en sus propias experiencias. La puesta a disposición pública de la información buscará facilitar que la población tenga mayor conocimiento de los resultados de las cinco intervenciones.

Publicado en el portal La Ley de Gestión Pública & Control - Gaceta Jurídica: https://laley.pe/art/10592/la-evaluacion-presupuestaria