Autora: Karla Gaviño
Profesora de la Escuela de Gestión
Pública de la Universidad del Pacífico.
El
escándalo del privilegio en la vacunación de personas no relacionadas con la
primera línea de atención ante la COVID-19, que se ha destapado en el Perú
durante los últimos días, denominado “Vacunagate”, cuestiona al país, en el
momento en que más necesitamos los peruanos poder confiar y ver autoridades que
actúen con transparencia.
Esto
dista de ser un tema menor, cómo algunas personas involucradas han insinuado en
medios. El solo hecho del acceso privilegiado y a escondidas, a un bien escaso que
reviste de interés público, que ingresó al país únicamente con autorización pública
y que tenía la posibilidad de salvar la vida de personas que día a día están en
exposición directa con la COVID-19 (como son el personal médico de las UCI y
los policías), genera ya cuestionamientos éticos y legales. A esto le sumamos,
que altos funcionarios del Estado se vieron beneficiados por una ola de vacunas
a lo largo de distintos meses, lo que nos lleva a pensar cómo quedan las instituciones
al ver a sus máximos representantes involucrados y el impacto social que conlleva.
El
Perú es un país que no se caracteriza por tener instituciones sólidas ni en el
sector público ni en el privado, por el contrario, basta revisar los informes del
INEI sobre la percepción ciudadana en la materia, para tener claro que casi la
totalidad de instituciones por las que se consulta, no gozan de la credibilidad
de la población. La construcción de esa institucionalidad es un gran espacio de
mejora y reto constante, que en contextos de crisis como el que estamos
viviendo, brinda la oportunidad de fortalecer el vínculo con la población a
través de la generación de confianza, con un actuar eficiente, solidario,
responsable, consecuente y, sobre todo, transparente.
En
el Estado, los principios que rigen el actuar de la administración pública
implican el respeto a las normas vigentes, a la transparencia, al proceder evitando
los conflictos de intereses, entre otros. La administración pública, al ejercer
sus funciones y prerrogativas en el marco del interés general, debe colocar a
los ciudadanos en el centro de su accionar. Es por ello que los servidores públicos
no deben poner en tela de juicio su gestión aprovechando la posición que
ostentan, ni comprometer la transparencia en su proceder. Cuando ello sucede, a
nivel de los más altos funcionarios y de forma continua, las instituciones públicas
pueden verse cuestionadas. La acción rápida correctiva es determinante para evitar
que el descontento ante las autoridades, se vuelva un descontento ante la institución
que representan.
El
Vacunagate llega en el momento más duro, en medio de una segunda ola de la crisis
sanitaria más dramática que ha vivido el país, enardeciendo más aún las constantes
tensiones políticas y sembrando más desconfianza en la población. Frente a
ello, la reacción rápida de las autoridades públicas es clave, y han sido pasos
importantes el deslinde, la solicitud de investigaciones, el rechazo expresado públicamente;
será igual o más importante la pronta fiscalización y sanción de responsables.
Publicado en América Economía, disponible en el link:
https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/vacunagate-e-institucionalidad
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