Conversamos sobre los impactos del COVID-19 en el trabajo de la mujer peruana, con Marcela Huaita, ex Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien analiza la situación desde distintas aristas y brinda ideas para abordarla.
Compartimos la entrevista, publicada por Propuesta País el 30.07.2020, disponible en el link:
Conversamos sobre la violencia sexual contra menores de edad en el contexto COVID-19 en el Perú, con Marcela Huaita, ex Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien analiza el panorama y brinda valiosos aportes para hacer frente a la situación.
Compartimos la entrevista publicada en Propuesta País el 28.07.2020.
Disponible en el link: https://propuestapais.pe/entrevista/marcela-huaita-durante-el-aislamiento-social-obligatorio-los-agresores-han-estado-mas-cerca-de-sus-victimas/
Conversamos sobre la desaparición de mujeres y niñas durante la primera mitad del 2020, con Marcela Huaita, ex Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien brinda importantes luces para entender qué está ocurriendo y qué medidas se pueden tomar.
Compartimos la entrevista publicada en Propuesta País el 28.07.2020, disponible en el link:
Autora: Karla Gaviño Masías
1,100 mujeres fueron reportadas como inubicables durante el aislamiento domiciliario obligatorio por COVID-19, (desde el 16 de marzo al 30 de Junio de 2020), según la Defensoría del Pueblo. La Entidad precisa, que 309 son mujeres adultas y 791 son niñas o adolescentes; es decir, la cifra de menores de edad desaparecidas duplica largamente la de mujeres adultas. Asimismo, afirma que al día se denunciaba por lo menos la ausencia de 14 niñas, adolescentes o mujeres; con lo cual, en promedio cada 2 horas desaparecía una mujer en el Perú[1]. ¿Pero cómo es esto posible, si estábamos en confinamiento?, efectivamente, no había transporte aéreo ni terrestre. No obstante, la Defensoría del Pueblo ha identificado escenarios de violencia familiar, feminicidios, secuestros y trata de personas, detrás de las cifras.
Busquemos una imagen general de lo
que va del 2020, según las cifras de la Defensoría del Pueblo. Previo a la
cuarentena general, en Enero desaparecieron 561 mujeres (158 mujeres y 403 niñas
y adolescentes) y en Febrero 663 (168 mujeres y 495 niñas y adolescentes) [2]. Es
decir, se tienen reportadas como desaparecidas desde Enero al 30 de Junio de
2020, aproximadamente 2457 mujeres (1720 menores de edad y 737 adultas)[3]. Las
regiones con mayor cantidad de desaparecidas son Lima (408), Arequipa (55) y
Callao (47).
¿Dónde están todas ellas? ¿Qué
les ha pasado o les está pasando? La ausencia de mecanismos unificados de
registro y seguimiento de los reportes, no permite saberlo. Miralis Morales
Tovar[4], señala
que desde hace 17 años existe la obligación legal de contar con un registro nacional
de información de personas desaparecidas, con la promulgación de la Ley N°
28022 el 11.07.2003, a fin de centralizar los casos y facilitar información para
la búsqueda, pero que no está actualmente implementado. Surge inevitablemente la pregunta: ¿Por qué no
está implementado?, no encontramos respuestas adecuadas para la gravedad del
tema, pese a que la administración del registro recae en el Ministerio del
Interior.
Lo que a su vez, lleva a
preguntarse: ¿Qué se está haciendo?. ¿Quién lidera el tema? ¿El Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) o el Ministerio del Interior (MININTER)?
La ausencia de claridad, la falta de liderazgo, afecta profundamente y nos coloca
como país cada vez más lejos de implementar medidas efectivas de acción. Las normas
existen, pero no se aplican como consecuencia de ello. Miralis Morales[5], señala que
el Decreto Legislativo 1428 y su Reglamento emitido en febrero de 2020, regulan
la Alerta de Emergencia que puede emitir la Policía Nacional ante la desaparición
de niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia, incluso, en el
caso de mujeres se precisa que puede no haber un antecedente de denuncia por
violencia. Sin embargo, nunca se ha activado una alerta de emergencia por la
desaparición de una mujer. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué no se
activa ninguna alerta de emergencia si todos los días se reportan niñas,
adolescentes y mujeres desaparecidas?. Otro
vacío sin respuesta.
Desde este breve espacio, consideramos
que la temática abarca tanto al MIMP, al MININTER, a la Policía Nacional y debe
incluir la articulación con la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. No
puede ser enfocado primordialmente como una tarea de una División de la PNP. Las
separaciones competenciales no deben llevarnos al vacío, a la inacción y al
olvido de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas; al contrario, se
requiere una estrategia y un actuar articulados, y sobre todo, con determinación.
Este artículo nos deja muchas
preguntas, a las cuáles, le sumamos otras de trasfondo que no pueden y no deben
ser soslayadas: ¿Por qué las desapariciones, la trata de personas, la violación
sexual de menores, la violencia contra la mujer, así como la situación de los adulto
mayores en los asilos y tantas otras causas humanas, urgentes, sociales, legales,
y que éticamente nos reclaman como individuos y como sociedad, -en el contexto
de una pandemia que debería ayudarnos a encontrar nuestro lado más humano-,
simplemente, pasan a un segundo o tercer plano (o incluso a ningún nivel de
prioridad)?. ¿Por qué no exigimos que se les dé prioridad? ¿Dónde estamos los
peruanos como sociedad y qué tipo de sociedad estamos construyendo para la “nueva
normalidad”?, ¿En qué valores nos estamos cimentando?, ¿Qué tan profunda es
nuestra crisis de valores?.
Lima, 22 de Julio de
2020
[1]
Nota de Redacción Diario La República, publicada el 09.07.2020
www.larepublica.pe
[2]
Idem
[3]
Nota de Redacción Diario Correo, publicada el 09.07.2020 en www.diariocorreo.pe
[4]
Morales Tovar, Mirelis. “Covid-19: ¿A quién le importa las 915 peruanas
desaparecidas durante la cuarentena?”, publicado por CONVOCA, el 21.07.2020 en www.convoca.pe
[5]
Idem
Autora: Karla Gaviño
Este tema merece más de 2
páginas, pero debo ser breve, pese a que deberíamos hablarlo hasta que sea
imposible no tenerlo presente, hasta que la alarma, la responsabilidad, la indignación
o siquiera la vergüenza nos obligue a actuar. Trataré de ir al grano, para rápidamente transmitir
la preocupación: En el Perú, en lo que va del 2020, 400 niñas son madres
como producto de una violación. De las 400 niñas madres, 11 tenían menos de 10
años[1]. Y me
preocupa también que podamos perder colectivamente la capacidad de indignarnos,
porque con ello, viene la minimización, la banalización, la inacción, y por
ende, la complicidad tácita que es la indiferencia.
No estoy en posición de analizar
las causas, y me encuentro lejos de tener la solución, pero me queda claro que
no estamos haciendo lo suficiente, ni como sociedad, ni como país en su
conjunto, incluyendo a nuestras autoridades públicas y privadas.
¿Qué podría aportar yo a este
tema, que ni siquiera pareciera estar en una verdadera agenda pública prioritaria?
Por lo pronto, información que recopilé y algunas ideas.
Si asumimos que la mayoría de las
violaciones ocurrieron antes de la cuarentena general por COVID-19, nos podemos
preguntar: ¿Qué ocurrió durante el confinamiento en todo el país?. Las cifras
conocidas nos dicen que durante los primeros 3 meses (esto es desde mediados de
marzo a mediados de junio), 422 niñas fueron víctimas de violación sexual según
los reportes oficiales[2]. El 05
de Julio, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro,
señaló que durante la cuarentena y hasta finales de junio, se reportaron
513 violaciones sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Agregó que en los
107 días de cuarentena la Línea 100 atendió 67. 712 casos de violencia familiar
y abuso sexual, de los cuales 17.000 eran casos de violencia y abuso sexual contra
niñas, niños y adolescentes; las llamadas eran realizadas por las propias
menores agredidas, así como por vecinos que fueron testigos de las situaciones
de violencia. [3].
En un trabajo previo hemos
sostenido, apoyándonos en pronunciamientos de la ONU Mujeres y del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el incremento de la violencia
doméstica en el Perú durante la cuarentena por COVID-19 (incluyendo las
violaciones sexuales), así como la existencia de una cifra oculta por las
propias complejidades adicionales que supone denunciar en escenarios donde la
víctima se encuentra en cuarentena con el agresor, y tiene por tanto sus momentos
de privacidad y vías de comunicación mucho más limitados, cuando no
restringidos[4].
Si podemos entender que en
contextos previos al confinamiento, para cualquier persona adulta resultaba sumamente
difícil denunciar una violación, podemos internar ponernos por un momento en el
lugar de una niña, para quien debe ser más complicado comunicarlo (no digo “comprenderlo”,
digo “comunicarlo” incluso si no lo comprende), más aún en un contexto de
confinamiento, donde incluso si se decide a hacerlo, podría resultarle materialmente
imposible decirlo a otro familiar o a alguna autoridad, pues el violador es
parte del núcleo familiar con el cual se encuentra confinada.
Es válido asumir entonces, que la
cifra real es muy superior a la reportada. ¿Podemos como sociedad aceptar esto? ¿Podemos
dejarlo para después?. ¿Qué podemos
hacer?. Visibilizar el tema, indignarnos, actuar, denunciar por ellas.
Pero de forma colectiva, ¿qué más
hacer? La ONU Mujeres recomienda la prevención
de la violencia familiar mediante organizaciones locales de base[5]. Es
posible imaginar la adopción de esta recomendación para adaptarla a escenarios
donde autoridades (religiosas, municipales, entre otros), u organizaciones de
vecinos agrupados puedan contribuir como espacios de prevención, atención y acogida
de víctimas, y orientación para denunciar.
A nivel del Estado, es importante
lograr el pronto retiro del agresor (violador) del hogar, salvaguardando que no
pueda retornar a buscar ningún tipo de venganza, para evitar que se repitan
casos como el de Chontalí, donde el agresor que abusó sexualmente de su hija de
13 años en abril último, tras ser liberado 20 días después al retirarle la
prisión preventiva la Sala Mixta de Apelaciones de Jaén, regresó para intentar
quemarla viva[6].
Relacionado a esto último, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, manifiesta
que se encuentra en la agenda de trabajo de su Sector, la articulación con la
Policía Nacional, el Poder Judicial y la Fiscalía.
Esta articulación importante para
corregir y sancionar, no alcanza para prevenir, por lo que resulta necesaria la
implementación de estrategias articuladas también con otros Sectores, como Educación,
Salud y Cultura, lo cual si bien es reconocido por el MIMP, no se encuentra aún
puesto en marcha.
La situación es crítica, compleja
y quizá aún no la tenemos debidamente dimensionada, mas el sentido de urgencia
que merece y la obligación ética, legal y social de protección que tenemos
hacia las niñas y niños como sociedad y como personas, no nos puede permitir ni
el silencio, ni la indiferencia. Se acabó la cuarentena general pero el
problema no, viene de antes y continúa. ¿Hasta cuándo miraremos de lado? ¿Cuándo
empezaremos a actuar colectivamente?.
Lima, 08 de Julio de
2020
[1]
Fuente: Portal Wayka.pe. Nota de la Redacción publicada el 06.07.2020 en el link:
www.wayka.pe
[2]
Idem
[3]
Fuente: Diario “La República”. Nota de Redacción publicada el 05.07.2020 en el
link: www.larepublica.pe
[4]
Ames, Alexandra; Gaviño, Karla, “El COVID-19 y la violencia familiar en el Perú:
En cuarentena con el agresor”, publicado el 01.05.2020 en Propuesta País, www.propuestapais.pe
[5] Idem.
[6] Fuente: Tiburcio
Loayza, Graciela. Artículo “Chontalí: Agresor que abusó sexualmente de su hija intentó
quemarla para ser liberado”. Publicado el 17.06.2020 en el Portal Wayka.pe, en
el link: www.waika.pe
Autora: Karla Gaviño[1]
En
el actual contexto del levantamiento oficial de la cuarentena es importante que
el Sector Público y el Sector Privado, comprendan a cabalidad que continúa el
Estado de Emergencia Sanitaria hasta Setiembre, y que el Covid-19 no ha
disminuido su facilidad de contagio ni su letalidad. Así, el virus continúa entre
nosotros, y no hay vacuna contra él, por tanto las medidas de prevención y protección
son ahora, más que nunca, urgentes. Como parte de este contexto, es altamente
importante mantener el trabajo remoto como mecanismo principal y prioritario
para la prestación de servicios. Ello, permitirá a los empleadores actuar con
responsabilidad al requerir que asistan presencialmente al centro de trabajo, únicamente
las personas necesarias para determinadas tareas concretas, que no puedan ser
realizadas de manera remota, y que resulten además esenciales, por el tiempo exclusivamente
necesario para cumplir con dicha tarea.
Lo
expuesto, por más evidente que resulta para muchos, aparentemente no estaría
siendo comprendido así en distintos ámbitos, y esto es preocupante en un país con
cifras de contagios y fallecidos por COVID-19 que lo colocan entre los más
afectados a nivel mundial por el virus, siendo por tanto, imprescindible que sus
líderes empresariales y Entidades Públicas estén hoy completamente
comprometidos con la salud y protección de su personal, porque vamos… es una
pandemia y estamos en emergencia sanitaria.
Centrándonos
en el ámbito público, el “chip presencial” conlleva al riesgo de dejar de lado,
que los servidores civiles son también personas que afrontan los efectos de la
pandemia, muchas de ellas con familia que en su conjunto han visto mellados sus
recursos (e incrementado sus deudas), que son también usurarios del transporte
público, que probablemente tengan niños pequeños o adultos mayores u otras
personas en condición de población vulnerable viviendo en casa, y por tanto susceptibles
de contagiarse y contagiar a sus familiares de Covid-19. Este riesgo se acrecienta
entre los servidores civiles contratados mediante las modalidades de CAS o recibos
por honorarios, porque mientras más precaria es la contratación o de más fácil
remoción, la exigencia tiende a ser mayor, es una relación casi inversamente
proporcional frente a contrataciones con regímenes “más estables” (lamentablemente,
esta disparidad en gran parte se debe a que aún se encuentra en tránsito el
Régimen del Servicio Civil, para cuya implementación se requiere de un
importante apoyo político en los distintos poderes del Estado y niveles de
gobierno).
En
este contexto resulta relevante escuchar al Rector del Sistema Administrativo
de Gestión de Recursos Humanos, SERVIR, exhortando a los titulares de las
entidades públicas a mantener el teletrabajo en el marco de la nueva normalidad
o nueva convivencia, ésta en la cual convivimos con el COVID-19, pero aún sin vacuna.
Ello, conversa con la normativa aprobada por el Poder Ejecutivo que prioriza la
modalidad de trabajo remoto. En palabras del Titular de Servir “Las entidades
han habilitado canales telefónicos, aplicaciones en donde se pueden realizar las
consultas en línea o mediante el envío de correo electrónico, y también se han
habilitado mesas de partes virtuales. Eso es bien importante porque las personas
ya no tienen que presentar cosas en físico, sino que las escanean y las remiten
a las entidades”[2].
No extraña este pronunciamiento de SERVIR,
pues según las cifras que ha dado a conocer, en el Perú tenemos 1 millón 400
mil servidores, de los cuáles más de 600 mil pertenecen únicamente a la parte
administrativa (esto es, sin contar a policías, militares, personal de atención
médica y otros de primera necesidad).
Pensar
en el retorno a una modalidad presencial de este gran número de trabajadores,
tendría un gran impacto en medios de transporte y en el nivel de contagios, por
ejemplo. Después de todo, muchas entidades tienen más de 100 días funcionando mediante
el teletrabajo, incluyendo el trabajo remoto realizado fines de semana y
feriados, vale la pena entonces preguntarse: ¿Qué tanto podrán las Entidades
Públicas dejar de lado el “chip presencial”, y evitar requerir el retorno físico
de personal que puede desempeñar sus labores de forma remota o mixta (esto es,
mezclando días de teletrabajo con días presenciales para tareas puntuales)?. La
respuesta la tendremos en los próximos días.
[1]
Las expresiones contenidas en el presente artículo constituyen la opinión
personal de la autora.
[2] Declaraciones
de Juan José Martínez Ortiz, Presidente Ejecutivo de SERVIR para Radio Nacional
el 28.06.2020. Disponible en el link: https://bit.ly/3dQPZz7
El 01 de Julio de 2020, participamos en la moderación del Webinar "Momento COVID-19: Impacto social en salud", que tuvo como panelistas a la ex Ministra de Salud, Midori de Habich, y los especialistas Vlado Castañeda y Arturo Granados. Se abordaron distintas aristas de las consecuencias del COVID-19 en materia de salud, así como posibles escenarios de retos y desafías futuros, y pasos a seguir.
El Webinar, fue organizado y transmitido por Propuesta País. Dejamos aquí el link del video:
https://propuestapais.pe/entrevista/momento-covid-19-impacto-social-en-salud/
