¿Hasta cuándo?

 

Autora: Karla Gaviño

Este tema merece más de 2 páginas, pero debo ser breve, pese a que deberíamos hablarlo hasta que sea imposible no tenerlo presente, hasta que la alarma, la responsabilidad, la indignación o siquiera la vergüenza nos obligue a actuar.  Trataré de ir al grano, para rápidamente transmitir la preocupación: En el Perú, en lo que va del 2020, 400 niñas son madres como producto de una violación. De las 400 niñas madres, 11 tenían menos de 10 años[1]. Y me preocupa también que podamos perder colectivamente la capacidad de indignarnos, porque con ello, viene la minimización, la banalización, la inacción, y por ende, la complicidad tácita que es la indiferencia.

No estoy en posición de analizar las causas, y me encuentro lejos de tener la solución, pero me queda claro que no estamos haciendo lo suficiente, ni como sociedad, ni como país en su conjunto, incluyendo a nuestras autoridades públicas y privadas.

¿Qué podría aportar yo a este tema, que ni siquiera pareciera estar en una verdadera agenda pública prioritaria? Por lo pronto, información que recopilé y algunas ideas.

Si asumimos que la mayoría de las violaciones ocurrieron antes de la cuarentena general por COVID-19, nos podemos preguntar: ¿Qué ocurrió durante el confinamiento en todo el país?. Las cifras conocidas nos dicen que durante los primeros 3 meses (esto es desde mediados de marzo a mediados de junio), 422 niñas fueron víctimas de violación sexual según los reportes oficiales[2]. El 05 de Julio, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, señaló que durante la cuarentena y hasta finales de junio, se reportaron 513 violaciones sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Agregó que en los 107 días de cuarentena la Línea 100 atendió 67. 712 casos de violencia familiar y abuso sexual, de los cuales 17.000 eran casos de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes; las llamadas eran realizadas por las propias menores agredidas, así como por vecinos que fueron testigos de las situaciones de violencia. [3].

En un trabajo previo hemos sostenido, apoyándonos en pronunciamientos de la ONU Mujeres y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el incremento de la violencia doméstica en el Perú durante la cuarentena por COVID-19 (incluyendo las violaciones sexuales), así como la existencia de una cifra oculta por las propias complejidades adicionales que supone denunciar en escenarios donde la víctima se encuentra en cuarentena con el agresor, y tiene por tanto sus momentos de privacidad y vías de comunicación mucho más limitados, cuando no restringidos[4].

Si podemos entender que en contextos previos al confinamiento, para cualquier persona adulta resultaba sumamente difícil denunciar una violación, podemos internar ponernos por un momento en el lugar de una niña, para quien debe ser más complicado comunicarlo (no digo “comprenderlo”, digo “comunicarlo” incluso si no lo comprende), más aún en un contexto de confinamiento, donde incluso si se decide a hacerlo, podría resultarle materialmente imposible decirlo a otro familiar o a alguna autoridad, pues el violador es parte del núcleo familiar con el cual se encuentra confinada.

Es válido asumir entonces, que la cifra real es muy superior a la reportada.  ¿Podemos como sociedad aceptar esto? ¿Podemos dejarlo para después?.  ¿Qué podemos hacer?. Visibilizar el tema, indignarnos, actuar, denunciar por ellas.

Pero de forma colectiva, ¿qué más hacer?  La ONU Mujeres recomienda la prevención de la violencia familiar mediante organizaciones locales de base[5]. Es posible imaginar la adopción de esta recomendación para adaptarla a escenarios donde autoridades (religiosas, municipales, entre otros), u organizaciones de vecinos agrupados puedan contribuir como espacios de prevención, atención y acogida de víctimas, y orientación para denunciar.  

A nivel del Estado, es importante lograr el pronto retiro del agresor (violador) del hogar, salvaguardando que no pueda retornar a buscar ningún tipo de venganza, para evitar que se repitan casos como el de Chontalí, donde el agresor que abusó sexualmente de su hija de 13 años en abril último, tras ser liberado 20 días después al retirarle la prisión preventiva la Sala Mixta de Apelaciones de Jaén, regresó para intentar quemarla viva[6]. Relacionado a esto último, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, manifiesta que se encuentra en la agenda de trabajo de su Sector, la articulación con la Policía Nacional, el Poder Judicial y la Fiscalía.

Esta articulación importante para corregir y sancionar, no alcanza para prevenir, por lo que resulta necesaria la implementación de estrategias articuladas también con otros Sectores, como Educación, Salud y Cultura, lo cual si bien es reconocido por el MIMP, no se encuentra aún puesto en marcha.

La situación es crítica, compleja y quizá aún no la tenemos debidamente dimensionada, mas el sentido de urgencia que merece y la obligación ética, legal y social de protección que tenemos hacia las niñas y niños como sociedad y como personas, no nos puede permitir ni el silencio, ni la indiferencia. Se acabó la cuarentena general pero el problema no, viene de antes y continúa. ¿Hasta cuándo miraremos de lado? ¿Cuándo empezaremos a actuar colectivamente?.

Lima, 08 de Julio de 2020

Publicado en Propuesta País el 09.07.2020

https://propuestapais.pe/noticia/hasta-cuando/

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[1] Fuente: Portal Wayka.pe. Nota de la Redacción publicada el 06.07.2020 en el link: www.wayka.pe

[2] Idem

[3] Fuente: Diario “La República”. Nota de Redacción publicada el 05.07.2020 en el link: www.larepublica.pe

[4] Ames, Alexandra; Gaviño, Karla, “El COVID-19 y la violencia familiar en el Perú: En cuarentena con el agresor”, publicado el 01.05.2020 en Propuesta País, www.propuestapais.pe  

[5] Idem.

[6] Fuente: Tiburcio Loayza, Graciela. Artículo “Chontalí: Agresor que abusó sexualmente de su hija intentó quemarla para ser liberado”. Publicado el 17.06.2020 en el Portal Wayka.pe, en el link: www.waika.pe

El trabajo remoto en la nueva normalidad

 

Autora: Karla Gaviño[1]

En el actual contexto del levantamiento oficial de la cuarentena es importante que el Sector Público y el Sector Privado, comprendan a cabalidad que continúa el Estado de Emergencia Sanitaria hasta Setiembre, y que el Covid-19 no ha disminuido su facilidad de contagio ni su letalidad. Así, el virus continúa entre nosotros, y no hay vacuna contra él, por tanto las medidas de prevención y protección son ahora, más que nunca, urgentes. Como parte de este contexto, es altamente importante mantener el trabajo remoto como mecanismo principal y prioritario para la prestación de servicios. Ello, permitirá a los empleadores actuar con responsabilidad al requerir que asistan presencialmente al centro de trabajo, únicamente las personas necesarias para determinadas tareas concretas, que no puedan ser realizadas de manera remota, y que resulten además esenciales, por el tiempo exclusivamente necesario para cumplir con dicha tarea.

Lo expuesto, por más evidente que resulta para muchos, aparentemente no estaría siendo comprendido así en distintos ámbitos, y esto es preocupante en un país con cifras de contagios y fallecidos por COVID-19 que lo colocan entre los más afectados a nivel mundial por el virus, siendo por tanto, imprescindible que sus líderes empresariales y Entidades Públicas estén hoy completamente comprometidos con la salud y protección de su personal, porque vamos… es una pandemia y estamos en emergencia sanitaria.

Centrándonos en el ámbito público, el “chip presencial” conlleva al riesgo de dejar de lado, que los servidores civiles son también personas que afrontan los efectos de la pandemia, muchas de ellas con familia que en su conjunto han visto mellados sus recursos (e incrementado sus deudas), que son también usurarios del transporte público, que probablemente tengan niños pequeños o adultos mayores u otras personas en condición de población vulnerable viviendo en casa, y por tanto susceptibles de contagiarse y contagiar a sus familiares de Covid-19. Este riesgo se acrecienta entre los servidores civiles contratados mediante las modalidades de CAS o recibos por honorarios, porque mientras más precaria es la contratación o de más fácil remoción, la exigencia tiende a ser mayor, es una relación casi inversamente proporcional frente a contrataciones con regímenes “más estables” (lamentablemente, esta disparidad en gran parte se debe a que aún se encuentra en tránsito el Régimen del Servicio Civil, para cuya implementación se requiere de un importante apoyo político en los distintos poderes del Estado y niveles de gobierno).

En este contexto resulta relevante escuchar al Rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, SERVIR, exhortando a los titulares de las entidades públicas a mantener el teletrabajo en el marco de la nueva normalidad o nueva convivencia, ésta en la cual convivimos con el COVID-19, pero aún sin vacuna. Ello, conversa con la normativa aprobada por el Poder Ejecutivo que prioriza la modalidad de trabajo remoto. En palabras del Titular de Servir “Las entidades han habilitado canales telefónicos, aplicaciones en donde se pueden realizar las consultas en línea o mediante el envío de correo electrónico, y también se han habilitado mesas de partes virtuales. Eso es bien importante porque las personas ya no tienen que presentar cosas en físico, sino que las escanean y las remiten a las entidades”[2].   No extraña este pronunciamiento de SERVIR, pues según las cifras que ha dado a conocer, en el Perú tenemos 1 millón 400 mil servidores, de los cuáles más de 600 mil pertenecen únicamente a la parte administrativa (esto es, sin contar a policías, militares, personal de atención médica y otros de primera necesidad).

Pensar en el retorno a una modalidad presencial de este gran número de trabajadores, tendría un gran impacto en medios de transporte y en el nivel de contagios, por ejemplo. Después de todo, muchas entidades tienen más de 100 días funcionando mediante el teletrabajo, incluyendo el trabajo remoto realizado fines de semana y feriados, vale la pena entonces preguntarse: ¿Qué tanto podrán las Entidades Públicas dejar de lado el “chip presencial”, y evitar requerir el retorno físico de personal que puede desempeñar sus labores de forma remota o mixta (esto es, mezclando días de teletrabajo con días presenciales para tareas puntuales)?. La respuesta la tendremos en los próximos días.

*Artículo publicado en Análisis Efectivo el 02.07.2020 

https://www.efectividat.com/post/karla-gavi%C3%B1o---trabajo-remoto-en-la-nueva-normalidad

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[1] Las expresiones contenidas en el presente artículo constituyen la opinión personal de la autora.

[2] Declaraciones de Juan José Martínez Ortiz, Presidente Ejecutivo de SERVIR para Radio Nacional el 28.06.2020. Disponible en el link:  https://bit.ly/3dQPZz7

Webinar "Momento COVID-19: Impacto social en salud"

 

El 01 de Julio de 2020, participamos en la moderación del Webinar "Momento COVID-19: Impacto social en salud", que tuvo como panelistas a la ex Ministra de Salud, Midori de Habich, y los especialistas Vlado Castañeda y Arturo Granados. Se abordaron distintas aristas de las consecuencias del COVID-19 en materia de salud, así como posibles escenarios de retos y desafías futuros, y pasos a seguir.

El Webinar, fue organizado y transmitido por Propuesta País. Dejamos aquí el link del video:

https://propuestapais.pe/entrevista/momento-covid-19-impacto-social-en-salud/

Serie - Sistemas Administrativos del Estado 2: Comentarios generales al Sistema Nacional de Abastecimiento – 2da Parte

 

El presente constituye la 2da parte del artículo “Sistemas Administrativos del Estado 2: Comentarios generales al Sistema Nacional de Abastecimiento”, cuya primera parte publicada previamente en la presente columna [1], contiene un análisis de los antecedentes, definición y ámbito de aplicación de referido Sistema. A continuación analizaremos las funciones de los órganos que lo conforman y sus principales retos. Para este último aspecto, se entrevistó al Dr. Luis Mijail Vizcarra Llanos, quien lideró el equipo técnico encargado de la elaboración de las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento, a quien le agradezco por su gentileza y valiosos aportes [2].

2. DESARROLLO

2.1. ÓRGANOS DEL SISTEMA Y SUS PRINCIPALES FUNCIONES

Conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1439 y su Reglamento, el SNA se encuentra integrado por la Dirección General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), la Central de Compras Públicas (PERÚ COMPRAS) y las Áreas involucradas en la gestión de la Cadena de Abastecimiento. En el siguiente cuadro se muestran sus principales funciones según las normas del SNA:

2.2. PRINCIPALES RETOS ACTUALES

A nuestro criterio destacan 3 retos principales de SNA: a) la articulación, tanto al interior del SNA (entre las etapas de la propia Cadena de Abastecimiento), como con otros Sistemas; b) la Integración Informática del Sistema, y c) el Fortalecimiento del capital humano a lo largo de la Cadena de Abastecimiento.

a) Articulación

Normalmente, el engranaje de procesos en la Administración Pública, la comunicación entre los órganos de una Entidad y entre las distintas Entidades, supone un reto constante que usualmente va acompañado de rigurosos formalismos para cautelar las responsabilidades ante las acciones de control o revisiones de órganos fiscalizadores, buscando disminuir los escenarios de discrecionalidad de la Administración Pública y los espacios de corrupción. Ello, a su vez, suele castigar la eficiencia de los procesos.

Los servidores civiles, incluso dotados con las mejores intenciones, pueden revestir sus procesos de sellos, formatos y papeles, al punto que el objetivo principal a cautelar (aquello para lo cual se creó el proceso), queda relegado, postergado para una “siguiente etapa de implementación”, traspapelado literalmente. Esta realidad del quehacer cotidiano de cualquier Entidad Pública, se repite también en los Sistemas del Estado, tanto a nivel interno del propio Sistema (que, al ser transversal, abarca a varias Entidades Públicas), como a nivel externo en términos de su articulación con los demás Sistemas. El SNA, al ser el más nuevo de los Sistemas Administrativos y estar aún en proceso de implementación, afronta el gran reto de la articulación, tanto a lo largo de la Cadena de Abastecimiento (CA), como con los demás Sistemas. Sobre esto último, es propio del proceder público, esperar a que los nuevos Sistemas o procesos se adecuen a los más “antiguos” o más difundidos, por lo que el SNA requerirá de un mayor esfuerzo para lograr efectividad en el acercamiento y la articulación. A esto se suma la confusión del Sistema con las reglas para las contrataciones o compras públicas, que si bien forman parte de la Cadena de Abastecimiento, no constituyen la totalidad del mismo. Por ello, la rectoría del Sistema recae en la DGA del MEF, y no en el OSCE ni en PERÚ COMPRAS.

Sobre el particular, Luis Mijail Vizcarra Llanos, coincide en considerar a la falta de articulación como un reto principal del Sistema Nacional de Abastecimiento. Agrega que tradicionalmente se pensaba que el SNA consiste básicamente en las compras públicas y en las reglas para la contratación, sin incluir aspectos como porqué compramos ni a dónde llevamos lo comprado (dónde lo almacenamos y bajo qué condiciones). Es decir, faltaba una adecuada determinación del objetivo último del abastecimiento, para los cuáles la programación, las compras, el transporte de los bienes, su catalogación y almacenamiento, son herramientas necesarias. Frente a ello, el SNA busca organizar y vincular la catalogación (lo que necesito para abastecerme), con la programación (planificar bien cuándo requiero el abastecimiento).

Concluye Vizcarra Llanos, señalando que para estos fines, no solo es necesario el cuadro de necesidades de abastecimiento, sino también la inclusión del mantenimiento, la distribución, el transporte y las condiciones de los almacenes (estándares de calidad) que se deben cumplir. Así, por ejemplo, para responder la pregunta “¿Qué hacer para que un lote de textos escolares, llegue en una fecha determinada a un colegio público determinado?, se debe contar con claridad sobre cuántos textos se requieren, qué transporte se utilizará (lo que incluye cómo transportarlo y como contratarlo), cuáles son los planes de aseguramiento de bienes públicos y, con esta planificación, recién proceder a realizar las compras en los momentos previamente identificados. En el caso de productos que requieran de almacenamiento, es importante la revisión previa de los almacenes, sobre todo porque el Estado no cuenta con espacios adecuados. Toda esta articulación es a la interna de la Cadena.

Respecto de la articulación externa del SNA con los otros Sistemas, Vizcarra Llanos, precisa que: “Debe articularse con el Presupuesto Público, las Inversiones Públicas, la Tesorería y Contabilidad. Porque si planifiqué lo que necesito, tiene que estar presupuestado; incluido en la Programación Multianual de Inversiones (porque son insumos para cumplir los objetivos); vinculado con CEPLAN (también por estos objetivos); vinculado con el Sistema de Contabilidad, porque este patrimonio tiene que estar reflejado en los estados financieros; y, vinculado con el Sistema de Tesorería, por los pagos”. Así, el especialista considera que “El Abastecimiento está al medio de los Sistemas, desde la planificación hasta el pago. Inclusive, existen normas de otros Sistemas que regulan materias del Abastecimiento, pues ante el vacío y la necesidad de su regulación para el logro de sus propios procesos y objetivos, empezaron a emitir estas disposiciones”.

b) Integración Informática del Sistema

Un segundo tema, es la integración informática del Sistema. Este aspecto es considerado clave por el ex Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, para quien la informatización es necesaria si queremos que todo el control logístico este sistematizado, y afirma que: “Así como tenemos el SIAF, existe el SIGA que es el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, al cual no se le da la importancia necesaria. El SIGA existe hace muchos años, pero muchos funcionarios no saben utilizarlo aún, por lo que la idea es tener un SIGA que sea potente en donde puedas entrar desde tu computadora y hacer el track de dónde está la carpeta que compraste, en qué almacén, cuándo entró y cuándo salió” [3].

Asimismo, Vizcarra Llanos señala que una plataforma informática es urgente y necesaria, porque permitirá conocer el estado real de todo el problema. Precisa que actualmente, existen los catálogos del OSCE, del MINSA y de las Fuerzas Armadas, que brindan información en atención a sus propios objetivos, pero no para los objetivos del Sistema de Abastecimiento en su totalidad, a lo largo del país. Agrega el especialista que: “Por eso, cuando se pide información de cuánto se ha comprado de tal medicamento o de cuántos medicamentos hay en el país, la información está dispersa. Se puede ver lo que hay en el SEACE y sacar una idea, pero las donaciones a ESSALD no están ahí, tampoco lo que transfiere la OMS que están en el catálogo del MINSA. No es fácil saber cuántos medicamentos de un tipo determinado ha comprado el estado o recibido, porque se compran y/o se registran por distintas vías, y se cataloga de distintas formas”.  Para Vizcarra Llanos, la catalogación permitirá saber cómo se abastece el país y qué le están entregando, de dónde provino, quién lo trabajó, cómo se fabricó, todo lo cual es importante tanto para el manejo y previsión presupuestaria, como para conocer de qué manera el Estado se abastece. El catálogo único, debería ser la puerta de entrada para el Abastecimiento, que se debe alimentar con información proveniente del presupuesto para conocer los costos aproximados de lo que el Estado compra y, a nivel contable, darle insumos que permitan conocer la transabilidad de lo que se está pagando, siempre que se cuente con la cuenta única de la nación.

A manera de ejemplo, el especialista señala que todas las donaciones de pruebas moleculares para el COVID-19, pasan por el Sistema de Contabilidad pero no por los Sistemas de Tesorería y Abastecimiento, porque no se pagan y no se compran, respectivamente. Con lo cual se tiene el dato de lo comprado, pero no de lo donado, y por lo tanto la totalidad de estas pruebas no está registrada en un sistema informático de forma integral.

Lo expuesto, nos lleva a concluir la urgencia de desarrollar el catálogo único, lo cual permitirá responder las preguntas sobre ¿Cómo saber o cómo analizar cuánto se tiene en productos comprados y/o donados? Y más aún ¿Cuántos productos más se necesitan?.  Este catálogo único también puede llevar a reducir los espacios de corrupción en el manejo de los insumos, pues cada producto ingresa con un código, el cual se mantiene a lo largo de toda la Cadena de Abastecimiento, e inclusive, en su interacción con los otros Sistemas. Al respecto, Vizcarra Llanos comenta que muchos productos por su naturaleza son consumibles, lo cual supone también un reto para el SNA en las condiciones actuales, señala como ejemplo que si se compran o reciben 100 vacunas, y solo se reparten 60, las otras 40 no serían fácilmente ubicadas porque no se encuentran registradas. “La informatización y codificación informática, permitirá a los ciudadanos y al público en general conocer con un click, en cuál hospital se encuentra tal o cual producto”, puntualiza el especialista.

c) Fortalecimiento del capital humano

Un tercer tema, es el fortalecimiento del capital humano a lo largo de toda la cadena de abastecimiento. Resulta comprensible que tratándose de un nuevo Sistema, con nuevas reglas y nuevos actores, sea éste un factor a desarrollar, siendo para ello sumamente importante las capacitaciones que pueda dar la DGA del MEF en su calidad de rector del Sistema, inclusive con la participación de otros rectores a fin de explicar articuladamente el engranaje de la Cadena de Abastecimiento con los demás Sistemas del Estado, también resulta relevante la emisión y difusión de Guías orientadoras en distintos formatos (documentos escritos, videos explicativos, etc).

Este aspecto es también considerado como un punto clave por Carlos Oliva, para quien son pocos los funcionarios que conocen el manejo del SNA, y afirma que “(…) es justo ahí donde cobra importancia la capacidad y los conocimientos técnicos y operativos del personal que se desempeña en el área de abastecimiento” [4].

De similar impresión es Vizcarra Llanos, para quien a lo largo de la Cadena de Abastecimiento se debe prever de antemano el recurso humano que se necesita, y contratarlo para atender la necesidad.

Finalmente, el actual contexto de confinamiento en el marco del COVID-19 puede suponer un reto adicional para capacitar a los servidores civiles a lo largo del país, pero no debe considerarse una limitante. El Estado no debe sentir a las aplicaciones informáticas, a las video conferencias, o a las charlas grabadas y difundidas por redes sociales o aulas virtuales, como formas lejanas de capacitación e interacción con los servidores civiles, por el contrario, serán parte de la llamada “nueva normalidad” a la que debe desde ya adaptarse, junto con el trabajo remoto. Asimismo, consideramos que las Oficinas Generales de Abastecimiento o áreas similares, constituyen un espacio importante para la ubicación de Gerentes Públicos o personal capacitado en gestión pública y sistemas del Estado.

3. CONCLUSIONES

3.1 El SNA es el más nuevo de los 11 Sistemas Administrativos del Estado, pues si bien se encuentra previsto en la LOPE desde su publicación, recién en el 2018 se expidió el Decreto Legislativo N° 1439 que lo regula como Sistema, siendo reglamentado en el 2019.

3.2 Son órganos del SNA, la Dirección General de Abastecimiento del MEF (rector del Sistema), el OSCE, PERUCOMPRAS y las Áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento. Este es un sistema transversal de aplicación a las diversas Entidades y Empresas Públicas del Estado.

3.3 Actualmente, los 3 principales retos del SNA: i) La articulación, tanto de los distintos procesos de la Cadena de Abastecimiento, como del SNA con los demás Sistemas del Estado; ii) la integración informática del Sistema; y, iii) el fortalecimiento del capital humano.

Publicado en Propuesta País el 04.06.2020. Disponible en el link:

https://propuestapais.pe/noticia/serie-sistemas-administrativos-del-estado-2-comentarios-generales-al-sistema-nacional-de-abastecimiento-2da-parte/

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[1] Ver Sistemas Administrativos del Estado 2: Comentarios generales al Sistema Nacional de Abastecimiento – Parte 1

[2] La autora desea agradecer al Dr. Luis Mijail Vizcarra Llanos, Ex Director de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por su valioso apoyo para la elaboración del presente artículo. Las opiniones vertidas por la autora a lo largo del artículo, son efectuadas a título personal.

[3] Carlos Oliva Neyra, Entrevista en la Revista Gestión Pública & Control. N° 1, Editorial Gaceta Jurídica. Enero 2020. Pág. 12.

[4] Idem. 

El COVID-19 y la violencia familiar en el Perú: En cuarentena con el agresor.

 

Por Alexandra Ames y Karla Gaviño

1.INTRODUCCIÓN

La Fiscal española especializada en violencia de género, Susana Gisbert señala en su artículo “Confinadas en el Infierno”, que a lo largo de todos los años que lleva trabajando en el ámbito de la violencia de género, siempre encuentra un común denominador en todas las víctimas: “el pánico que sienten cuando oyen el sonido que produce la llave al girar la cerradura”, porque ese sonido anuncia la llegada del agresor a la casa. Pero cuando ese sonido es reemplazado por el pánico constante producto de un confinamiento con el agresor, ¿qué puede hacer el Estado al respecto en épocas de COVID-19?. En el presente artículo, abordaremos en términos generales las acciones que viene desplegando el Estado respecto de la Violencia Familiar durante la cuarenta [1].

2.ANTECEDENTES

Durante el 2019, se registró el mayor número de feminicidios en el Perú, llegando a la alarmante cifra de 168, lo que da un aproximado de un feminicidio cada dos días. Sin embargo, esta cifra parece ser sólo la punta del Iceberg de un problema más estructural: La gran mayoría de los feminicidios reportados, son cometidos dentro un contexto previo y permanente de violencia familiar, en diferentes niveles.

Según  la última Encuesta Demográfica y Salud Familiar – ENDES 2018, el 63,2% de las mujeres entrevistadas a nivel nacional, manifestaron haber sido víctimas de violencia (física, sexual o psicológica), ejercida alguna vez, por parte de sus parejas, lo que significa que esta es una realidad de 3 de cada 5 mujeres en el país.

Respecto a violencia física y sexual hacia las mujeres generada por sus parejas, tenemos que un 10,9% de la población femenina encuestada entre 14 y 49 años de edad manifestó haber sufrido estos tipos de violencia en el último año [2]. Cabe resaltar, que estas cifras no corresponden exclusivamente a los casos reportados o denunciados en los canales oficiales sino que son respuestas de mujeres que participaron de la encuesta. Si extrapolamos el porcentaje obtenido a la cantidad de mujeres entre 14 y 49 años de edad, en el 2018, notamos que 958,998 mujeres en el Perú fueron agredidas por sus parejas, lo que significa que cada 5 minutos, se agrede a 9 mujeres en el país.

De manera desagregada, las mujeres que participaron en esta encuesta, respondieron haber sido agredidas por diferentes modalidades, entre ellos, intentos de feminicidio como agresiones con armas o intentos de estrangularlas o quemarlas, lo que hace un total de 123,174 intentos de feminicidio al año.

Según esta misma encuesta, 71,1% no denunció el hecho ante alguna institución cuando fueron maltratadas físicamente.  El 28,9% restante que denuncia, lo hizo a las siguientes instituciones:

A la realidad descrita, de por sí ya alarmante, debemos agregarle el contexto actual de la declaración de emergencia sanitaria y del aislamiento social obligatorio dictados por el Gobierno como medida para contener la propagación del COVID-19 en el territorio nacional, vigente desde el 16 de marzo hasta el 10 de mayo, si es que no se produce una nueva (quinta) prórroga. Este aislamiento social, como sabemos, consiste en la restricción del derecho de tránsito de las personas, prohibiéndoles salir de sus hogares, salvo para realizar actividades estrictamente necesarias (ir al banco, realizar compras de víveres, entre otros), así como para la prestación de servicios específicos señalados en el Decreto Supremo N°044-2020-PCM, A ello, se sumó la prohibición de transitar por cualquier motivo de Lunes a Sábado, entre las  8 pm, hasta las 6:00am y luego, a partir de las 6 pm hasta a las 5 am; y los Domingos (todo el día).

Así, los ambientes ya convulsionados por antecedentes de violencia familiar, tienen ahora una mayor tensión por estar, literalmente, en cuarentena, las víctimas junto con sus agresores durante un período de tiempo que se viene prorrogando sucesivamente en un contexto de afectaciones económicas para las familias y de temor generalizado por la expansión del COVID-19. Al respecto, Silvia Romero, Directora de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios de la Dirección General contra la violencia de género del MIMP, ha señalado que la mayoría de casos de violencia que se puedan estar produciendo actualmente, corresponden a hogares donde ya se han producido antes, y que pueden verse exacerbados dado que durante esta cuarentena, el tiempo de permanencia con el agresor es mayor, potenciándolo [3]. Es posible incluso, que en hogares donde no se producían escenarios de violencia familiar, esta tensión pueda estar desatando conflictos al interior de las familias que lleven a este tipo de violencia.

Al respecto, la ONU Mujeres, organismo de las Naciones Unidas especializado en el desarrollo y promoción de la igualdad de género, advirtió recientemente el aumento de la violencia de género hacia las mujeres tras las medidas para contener el COVID-19, así como el aumento de la pobreza que afrontan las mismas. Con relación a la violencia contra la mujer, considera que la falta de acceso a fuentes de trabajo, genera en los hombres mayores frustraciones por no poder proveer a su familia, a lo que se suma la ausencia de distracciones (como el deporte), lo cual tiende a aumentar la violencia doméstica. Este incremento de la violencia doméstica contra las mujeres se ha dado en países como China, Corea, Italia y Francia. Como medidas recomendadas a los Estados, la ONU Mujeres enfatiza inversiones en prevención y sistemas de alerta temprana a través de organizaciones de mujeres de base, utilizando la Policía [4].

En el Perú, la realidad descrita nos lleva a preguntarnos ¿Qué ocurre entonces con las mujeres que se encuentran en situación de confinamiento durante la cuarentena con su agresor?. ¿A cuántas víctimas asciende la cifra oficialmente conocida a la fecha?, ¿Qué medidas ha previsto para ellos el Estado en su conjunto?. A continuación intentaremos responder dichas interrogantes.

3. DESARROLLO

3.1 Cifras de la violencia familiar en lo que va del 2020

Al 08 de abril de 2020, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (en adelante, MIMP), puso en conocimiento público las siguientes cifras correspondientes a casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer (en adelante, CEM) por violencia en la modalidades económica, psicológica, física y sexual, durante el 2020.

Reporte del Ministerio de la Mujer de casos atendidos en los CEM por violencia económica, psicológica, física, sexual durante el 2020:

Según este reporte, vemos que en Marzo de este año, la cifra se ha reducido dos tercios en comparación con los meses anteriores. Esto, lejos de reflejar la ausencia de casos de violencia familiar, significa que la política de confinamiento, ha reducido las oportunidades de atención de dichos centros.

En el caso de la Línea 100, no se puede notar un incremento sustancial a causa del confinamiento, debido a que las cifras resultan similares en los meses anteriores:

Sin perjuicio de ello, al día 8 de la cuarentena (23.03.2020), el MIMP alertaba sobre 2,855 llamadas telefónicas efectivas, correspondiendo el grueso de ellas a solicitudes de información, orientación, consejería o soporte emocional, por parte de mujeres afectadas o involucradas en hechos de violencia de género o de personas que conocen un caso de maltrato en su entorno y quiere informar de inmediato [5]. Esta cifra se elevó a 5,438 llamadas al día 16 (31.03.2020), de las cuales se atendieron a 538 mujeres agredidas, 25 fueron llevadas a centros de refugio y se atendieron 43 casos de violación (27 de los cuales corresponden a niñas). Finalmente, al día 36 de la cuarentena (20.04.2020), el MIMP señaló haber registrado durante la cuarentena, solamente a través de la Línea 100, la escalofriante cifra de 14,222 casos de violencia reportados,125 violaciones sexuales [6] y 6 feminicidios (cabe señalar que algunas fuentes señalan 9 feminicidios [7]).

3.2 Mecanismos oficiales de mitigación y reacción

Vistas las cifras, podemos revisar las principales acciones que viene desplegando el Estado para la atención de esta problemática de forma particular durante la cuarentena:

a. Denuncias ante la PNP: Es preciso señalar que el sistema de denuncias para atención de casos de violencia familiar no se ha paralizado por efectos de la cuarentena. En ese sentido, los miembros de la PNP mantienen la obligación de recoger las denuncias, tanto las víctimas, como de sus vecinos o personas que escuchen o presencien estos actos. Los infractores siguen siendo detenidos en caso de flagrancias. Ello, no supone una medida específica desarrollada para el contexto particular de la cuarentena o en el marco de ésta, pero ayuda a la atención de esta problemática. Como se dijo previamente, la exposición constante entre víctimas y agresores, genera una mayor situación de vulnerabilidad de las víctimas y potenciales víctimas en este contexto, lo cual no deja de preocupar.

b. Línea 100.- Entre las opciones que viene difundiendo el MIMP para la atención de casos de violencia familiar, se encuentra la línea telefónica de ayuda, denominada “Línea 100”. Ésta consiste en un servicio gratuito de cobertura nacional, a través del cual profesionales especializados en brindar orientación e información en temas de violencia familiar y abuso sexual atienden las 24 horas del día a la población. Las llamadas pueden realizarse desde un teléfono fijo, público o celular. Los casos pueden ser derivados a los Centros de Emergencia Mujer u otras instituciones que puedan corresponder.

Como hemos podido apreciar líneas arriba, las cifras de denuncias registradas en Marzo del presente año han mantenido una tendencia similar. Esto se puede explicar en tanto que si normalmente es difícil denunciar al agresor, al estar confinada con él dentro del hogar, las posibilidades de que las agresiones no sean denunciadas, aumentan. Normalmente, las víctimas necesitan una cierta privacidad para poder denunciar sin que el agresor esté presente o sin que se pueda escuchar que se denuncia. En este contexto de cuarentena, esa privacidad se reduce.

En la misma lógica, esperar que la víctima pueda alertar a familiares que no viven en casa para que puedan efectuar la denuncia, no resulta muy sencillo cuando no se tiene la privacidad antes mencionada.

c. Chat 100.- Es un servicio puesto a disposición pública por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, consistente en un chat por el cual se recibe orientación psicológica o información a cargo de profesionales especializados para identificar situaciones de riesgo de violencia en relaciones de pareja, así como en casos de violencia familiar y sexual. Al igual que el caso anterior, se trata de servicios que existían desde antes de la cuarenta nacional por el COVID-19.

Si bien la oportunidad de denunciar a través de un chat puede requerir menor privacidad que las denuncias telefónicas, la disposición de este formato aún no está siendo lo suficientemente difundido pues encontramos que para Marzo del 2020, se registraron 609 casos; cifra muy similar a Marzo del año anterior, como podemos apreciar en el cuadro de registros del Chat 100 del MIMP.

Por otro lado, este chat tiene un horario de funcionamiento de lunes a viernes de 8am a 10pm, requiere de un smartphone o lap top, y de conexión a internet, lo que limita su uso.    

d. Acciones de difusión en redes sociales: La difusión mediante redes sociales (principalmente Facebook y Twitter), así como a través del portal electrónico del MIMP viene siendo frecuente durante la cuarenta, con declaraciones de las autoridades del Ministerio, así como la publicación de una Cartilla de orientación denominada “Recomendaciones para prevenir la violencia sexual contra mujeres durante el Estado de Emergencia”, que tiene un lenguaje sencillo para comunicar qué hacer en caso de ser víctima de violencia sexual y violencia familiar en este contexto, promoviendo principalmente el uso de la Línea 100.

Consideramos que estas acciones son un acompañamiento útil para concientizar sobre el problema y difundir las herramientas antes señaladas, no obstante, no resultan suficientes por sí mismas para prevenir y/o atender casos de violencia familiar.

e. Decreto Legislativo N°1470, Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID – 19: En la conferencia de prensa del Domingo 26 de abril, el Presidente de la República hizo mención al tema de la violencia familiar durante el COVID-19, manifestando su preocupación y solicitando propuestas para su abordaje. Al día siguiente, el Lunes 27 de abril, se publicó el Decreto Legislativo, con disposiciones ad hoc para la temporalidad y ámbito geográfico que abarque la declaración de emergencia sanitaria por el COVID-19. Esta norma bien intencionada, esta referida al tratamiento de la presentación de denuncias y medidas de protección, priorizando los medios electrónicos y procurando la comunicación con la víctima por esta vía, así como evitar el contacto entre víctima y agresor, incluyendo medidas como el retiro del denunciado del hogar cuando sea posible (en caso no sea posible se debe buscar en la red de familiares u hogares temporales disponibles para llevar a la víctima), y el patrullaje por el domicilio de la denunciante. Asimismo, dispone que no procede ordenar el cese, abstención o prohibición de ejercer violencia, entendemos que esto último responde a buscar una acción concreta y mucha más activa por parte del Estado, dado que tanto agresor como víctima están confinados juntos. El plazo de atención entre la denuncia y el dictado de la medida de protección no debe exceder las 24 horas.

Consideramos que este DLEG, requerirá para su implementación de un fuerte soporte informático y electrónico, así como de la articulación entre la PNP, el MINJUS, el MIMP y demás institucionales involucradas. Asimismo, requerirá la expedición de normas complementarias o protocolos de atención, que esperemos sean prontamente puestas a disposición pública y de los propios funcionarios involucrados; pero sobre todo, requerirá que los operadores comprendan la seriedad de esta problemática, aspecto que es constantemente un punto débil para la atención de las denuncias de violencia de familiar. Además, al igual que el Chat 100 y la Línea 100, será necesario que la víctima tenga privacidad en las comunicaciones.

No deja de llamar la atención, que incluso en estos casos, se parte de esperar una denuncia por parte de la víctima o sus familiares para partir de ella actuar, pese a que el Estado cuenta ya con elementos suficientes para conocer de víctimas de denuncias previas que se encuentran confinadas con el agresor y que podrían estar en riesgo, siendo este un espacio que permite una participación donde la iniciativa esté en mano del Estado para prevenir la reiteración de las agresiones y vigilar el cumplimiento de las medidas (de protección o definitivas) previamente dictadas o, monitorear la situación de las víctimas que previamente han denunciado y que aún no cuentan con medidas de protección a su favor (porque normalmente en este país, contar con medidas de protección demora varios meses, cuando no supera el año).

f. Otras medidas locales: Sin perjuicio de las acciones del Poder Ejecutivo antes descritas, existen esfuerzos a nivel local, que buscan atender estaproblemática descrita. Ejemplo de ello, es la Casa Hogar Acogida Temporal, inaugurada por la Municipalidad Metropolitana de Lima el 16 de abril último.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

4.1  A nivel nacional e internacional, existe la creciente preocupación por la situación de las víctimas de violencia familiar que se encuentran confinadas en casa con su agresor en el actual contexto del COVID-19. La alta posibilidad de que el estrés propio del confinamiento, el temor a contraer el virus, las preocupaciones económicas que afrontan las familias y/o la mayor interacción entre la pareja, germine nuevos contextos de violencia familiar y, principalmente, desarrolle escenarios peligrosos  en hogares donde ya existían antecedentes de violencia..

4.2  Los principales mecanismos con que cuenta el Poder Ejecutivo para prevenir y atender casos de violencia familiar en este especial contexto son: la continuidad del mecanismo de denuncia policial, la Línea 100, el Chat 100, acompañados de difusión a través de las redes sociales del MIMP. Cabe recalcar que estos recursos no han sido diseñados ad hoc para el contexto de la cuarentena teniendo en cuenta la realidad nacional a lo largo del país. Así, las opciones que requieren privacidad por parte de la víctima para poder denunciar o pedir ayuda (denuncia policial, Línea 100 y Chat 100), tienen en su diseño mismo una dificultad básica para acceder a ellos: la víctima difícilmente tendrá privacidad para denunciar en este contexto. El temor a ser descubierta al momento de denunciar y a las represalias que se puedan generar, es una realidad constante que se acentúa en una situación de confinamiento con el agresor.

4.3  El Decreto Legislativo 1470 que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID – 19, sí es una medida ad hoc para atender las denuncias de violencia familiar priorizando los medios informáticos y evitar la permanencia de la víctima con el agresor. Sin embargo, no ha tomado en cuenta la privacidad que se necesita para denunciar.  Aún así, para el éxito de la aplicación de esta nueva norma, consideramos importante priorizar tanto el soporte informático, como la necesaria y muchas veces ausente articulación interinstitucional necesaria para su implementación. Se requiere, adicionalmente a las tareas y disposiciones dictadas, la sensibilización de los operadores respecto de la agravada vulnerabilidad y temor de las víctimas en confinamiento con el agresor y por lo tanto al carácter impostergable de su debida atención. El cambio de la cultura valorativa y la empatía de los agentes públicos que participan en los casos de violencia familiar, es ahora más que nunca necesaria. Consideramos, que la situación de crisis social extrema que está generando el COVID-19, es una oportunidad para reformular nuestros valores como sociedad en su conjunto, pero sobretodo de los funcionarios públicos y reconectar con su principal propósito: atender a los ciudadanos y ciudadanas que más los necesitan.

4.4 Resulta indispensable realizar inversiones en prevención y sistemas de alerta temprana, a través de organizaciones de mujeres de base, como lo ha recomendado ONU Mujeres, utilizando la Policía. Sobre el particular, consideramos que la concientización vecinal (denunciar por quien no puede hacerlo), la participación de la comunidad en su conjunto, incluyendo a las autoridades religiosas, municipales y al serenazgo, pueden ser una herramienta útil de apoyo y de atención inmediata para detener escenarios de violencia inminente o en curso.

4.5 Desde el punto de vista de lo que pueden hacer y deben hacer los gobiernos locales, vemos que ejemplos como la reciente inauguración de la Casa Hogar de Acogida Temporal de la Municipalidad Metropolitana de Lima para atender a las víctimas de violencia en este contexto de cuarentena, son iniciativas que deben ser replicadas. La difusión de información para la adecuada prevención y atención de situaciones de violencia, debe intensificarse también desde el lado de los gobiernos locales, quienes son los que más cerca están de los vecinos y de las organizaciones sociales de base.

4.6   Hemos visto que sólo un tercio de las mujeres agredidas realiza una denuncia y éstas son mayoritariamente en comisarías o en centros municipales como las DEMUNAS. Entender por qué la mayoría de mujeres no denuncia la agresión, ayudará al MIMP a diseñar mejores estrategias para una adecuada concientización y fortalecimiento de la cultura de la denuncia, y  también para construir soluciones desde las reales necesidades y preocupaciones de las mujeres agredidas.

4.7 Finalmente, consideramos que contextos como éste, ameritan voltear el modelo tradicional en donde siempre es el ciudadano, el actor que inicia la participación del Estado: es decir, el Estado no debe esperar a que la víctima denuncie una agresión mayor, sino que debe buscar a las víctimas de casos previos e identificarlas como situaciones de riesgo potencial.

Publicado en Propuesta País el 01.05.2020. Disponible en el link:

https://propuestapais.pe/noticia/el-covid-19-y-la-violencia-familiar-en-el-peru-en-cuarentena-con-el-agresor/

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[1] Susana Gisbert. Artículo “Confinadas en el Infierno” publicado en el periódico digital progresista “El Plural.com” con fecha 19.03.2020. https://www.elplural.com/sociedad/confinadas-infierno_235756102?fbclid=IwAR2lMXIM7BxNQegp4jWLM5oLm7sI6kIjPoIFCnM-G1VSwThvuGj7uFv5syI

[2] INEI. Encuesta Demográfica y Salud Familiar 2018.

[3] Silvia Romero, entrevista institucional MIMP, difundida en las redes sociales del MIMP con fecha 11.04.2020: https://www.facebook.com/MimpPeru/videos/209975800292837

[4] Nota publicada el 20.03.2020 en el portal electrónico de CNN Chile: https://www.cnnchile.com/coronavirus/onu-advierte-aumento-de-violencia-de-genero-hacia-las-mujeres-tras-las-medidas-para-contener-el-covid-19_20200320/?fbclid=IwAR0xUDLUT3ONiw1y5SH7ZQIoH_6RKjwfhNfn8Idkq2fpm5K47pz-8dhLZYU

[5] Nota de prensa de fecha 25.03.2020, publicada en el portal electrónico del MIMP: https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-nota-prensa.php?codigo=919

[6] Fuente: “Mano Alzada”, fecha 21.04.2020. Link; https://manoalzada.pe/feminismos/peru-125-violaciones-sexuales-y-14222-casos-de-violencia-reportados-en-cuarentena?fbclid=IwAR2AB_o4tCUB-D0RkwJV20i0ANDVU8nKYnREQtbTNmYcnZm4YRDRrvSmZho

[7] Fuente: Diario El Líbero – Declaraciones de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del 01.04.2020. https://libero.pe/ocio/1549882-coronavirus-peru-vivo-ministra-mujer-informo-43-casos-violacion-durante-emergencia-covid-19-video?fbclid=IwAR0bWrgNL5K3NitMoktiLOlchlAGfpW47cLUsUKJgHWoE-Fg9hNH1zd27nk